a una hora y media en coche de donde se han redactado estas líneas, en Bilbao, malduerme un saharaui de 26 años sobre cuya testa pende la amenaza de la deportación hasta una cárcel marroquí donde pudrirse literalmente para los restos. Su delito, participar en 2010 en las protestas del campamento de Gdeim Izik, la manifestación más multitudinaria desde que España abandonó al Sáhara Occidental a su suerte en 1975; su condena, la cadena perpetua dictada por un tribunal militar en un juicio prefabricado, según atestigua Amnistía Internacional. Ajeno al estruendo solidario en favor de Hassanna Aalia, el Gobierno del PP responde a este drama personal con la denegación del asilo político en una muestra de insensibilidad nada cristiana, por otra parte perfectamente predecible como sigla que endurece la ley para perseguir al discrepante y que implanta la cadena perpetua bajo el eufemismo de la prisión permanente revisable. Tratándose, en el caso del Sáhara, de la enésima prueba del servil sometimiento de los inquilinos de la Moncloa al sátrapa de turno marroquí, desde la inmoral asunción de la barra libre de derechos conculcados a cambio de que el régimen alauí limpie la frontera de seres humanos, como si fuesen basura. Atroz geopolítica la que sirve a los dictadores y tiraniza a las personas.