La Fiscalía ha mantenido este jueves su petición de cinco años de prisión y una multa de 3.600 euros para un policía nacional destinado a la Brigada de Extranjería de la comisaría provincial de Alicante por un delito continuado de cohecho, al entender que ha quedado probado que cobró dinero a cambio de la expedición de certificados de número de identificación de extranjeros (NIE).

La misma condena y por el mismo delito ha reclamado esta parte al elevar sus conclusiones provisionales sobre el caso a definitivas para otros dos acusados, los gestores, Álex O.A. y Susana G.V., que trabajaban para establecimientos inmobiliarios ubicados en la zona de Torrevieja y la costa de Orihuela, según fuentes de la acusación pública.

Por su parte, la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en la causa, se ha sumado a las peticiones de condena del fiscal, mientras que las defensas de los procesados han solicitado la libre absolución. La magistrada que ha dirigido el juicio en la Audiencia Provincial desde su inicio, el pasado lunes, dará mañana el objeto del veredicto al jurado popular encargado de emitir un fallo en este proceso.

Los hechos enjuiciados se registraron en 2011 y 2012 y fueron detectados después de que una abogada de Orihuela presentase una queja ante la Policía Nacional al constatar que muchos de sus clientes extranjeros renunciaban a sus servicios y acudían a los de los procesados porque los trámites eran mucho más rápidos.

Según el ministerio público y la Abogacía del Estado, la legislación requería en esa época que el ciudadano solicitante de un NIE se personase en comisaría, rellenase un formulario y pagase una tasa de 9,18 euros a fin de obtener la documentación.

El NIE es necesario para comprar una segunda residencia en España, pagar impuestos y realizar otros trámites de carácter social o administrativo. La mayoría de los clientes de los gestores enjuiciados precisaban el documento para adquirir una vivienda.

El ministerio público sostiene que Álex O.A. y Susana V.G. ofrecían supuestamente a diferentes establecimientos de gestión inmobiliaria y extranjería “la posibilidad de obtener certificados de NIE de forma más rápida de lo habitual”, pues los extranjeros se ahorraba el viaje a España para recoger el documento en persona, como entonces exigía la ley.

Los gestores cobraban presuntamente por cada documento 100 euros, de los que la mitad era para el policía encausado, Vicente C.P. “Durante el periodo referido el funcionario grabó en la aplicación informática Adextrra de comisaría 2.180 certificados con normalidad, y se estima aproximadamente en 270 los NIE que grabó irregularmente”, sostiene el fiscal Javier Romero.

Funda de arma con 9.550 euros

El agente fue arrestado en su puesto de trabajo, el 27 de marzo de 2012. En el registro de su domicilio, ubicado en Aspe, se hallaron, escondidos en la funda de un arma, 9.550 euros procedentes, supuestamente, de las “ganancias por su actividad ilícita”, según las acusaciones.

Durante la primera sesión del juicio, Vicente C.P. negó haber cobrado jamás por expedir NIE sin que el solicitante acudiera personalmente a la comisaría y aseguró que el dinero decomisado en su casa corresponde a las ganancias obtenidas por su mujer “como deportista de élite y entrenadora de un club de baloncesto”, que ella no ingresaba en el banco.

Según su versión, los dos gestores procesados solían acudir por lo general con los clientes extranjeros a comisaría para obtener el NIE. Solo “puntualmente” lo hacían sin ellos y en esas ocasiones presentaban los “poderes notariales” requeridos, poderes que él no hacía constar en los correspondientes expedientes porque la ley no le “obligaba a ello”.

Los otros dos procesados también negaron haber pagado al agente por la obtención de los documentos, aunque una de ellos, Susana V.G. sí llegó a admitirlo tanto en el interrogatorio policial tras su detención como en el juzgado instructor.