Cinco años de descenso ha sufrido la población total y extranjera registrada en el Sistema de Información Poblacional (SIP) de la Comunitat. En agosto de 2012 esa bajada fue más pronunciada. Según las estimaciones del Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes de la Comunitat (Ceimigra) más de 100.000 personas extranjeras «se habrían quedado fuera de la cobertura sanitaria como consecuencia del nuevo reglamento sobre acceso a la asistencia sanitaria», refleja el Informe sobre Migraciones e Integración 2014, presentado ayer en Valencia.

El estudio alerta de que dicho reglamento no sólo excluye a extranjeros en situación irregular, sino que también a ciudadanos comunitarios y españoles «sin recursos suficientes para costearse ciertos tratamientos», señala. Tanto es así que el Observatorio Valenciano de la Salud (Odusalud) registró, hasta noviembre de 2014, un total de 1.004 incidencias, la mayoría de ellas procedentes de Alicante (44%), mientras que de Valencia el 37% y de Castellón sólo el 5%.

Del millar de problemas registrados, el 55% se refieren a mujeres y por nacionalidades, América Latina es la más numerosa (34%), seguida de ciudadanos de la Unión Europea (26%), de África Subsahariana (15%) y del Magreb (10%). La memoria hace especial hincapié en los 49 casos de personas españolas que no pudieron hacer frente a un tratamiento «ante la falta de recursos económicos», subraya el estudio. Más de la mitad (el 56%) del total de las incidencias se refieren a la imposibilidad de acceso a la atención médica y dos de cada diez están relacionadas con la facturación recibida. Así como constatan de un aumento en el número de menores (94 casos) y embarazadas afectadas por la desatención sanitaria. Para Ceimigra, estos datos «rompen con la universalidad de la salud y fomenta una creciente de exclusión sanitaria», además del «alejamiento de la sanidad por sus dificultades de acceso, atención y tratamiento» concluye.