pamplona – Más de tres mil familias con necesidad, concretamente 3.126, estarían actualmente fuera de toda cobertura social en Navarra, según revela un estudio realizado por Izquierda Ezkerra (I – E) que analiza la situación en torno a la renta básica con los datos, solicitados por escrito al consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli. El estudio justifica la necesidad de modificar la actual ley reguladora de la Renta de Inclusión Social y hace “un nefasto balance”, asegura, de la actual.

El parlamentario Txema Mauleón (I – E) señala que “hay que resaltar que los datos que ofrece el consejero sobre el número de perceptores llama a la confusión” ya que Alli cifra en 9.472 las familias perceptoras reciben la RIS (en 2014) de forma permanente y, sin embargo, según los datos por él facilitados, la media es de 4.674 familias/mes. “Matizar esta cuestión – dice Mauleón – es fundamental para analizar las familias que careciendo de ingresos, tampoco acceden a la RIS”.

El número de familias sin cobertura puede ser incluso mayor y esta situación de “grave fractura social, de incremento de la pobreza y de la exclusión social”, I – E la atribuye al recorte de derechos más que al alargamiento de la crisis” y asegura que ya se le advirtió al Gobierno de esta circunstancia cuando se modificó la ley en 2012. “Los principales motivos de denegación tienen que ver con los cambios de la ley. Antes de la nueva ley, si persistía la situación de necesidad y carencia de empleo, se podía solicitar continuar con la Renta Básica más de 24 meses, cosa que con la nueva ley, salvo excepciones menores, no es posible”. Este motivo, añade I – E, llevó a un 32,24% de denegaciones de renta de inclusión en 2012. Otra gran cuestión que cambió la ley, dejar fuera de la ley a familias que lleven menos de dos años en Navarra (antes era un año), supuso el 14,77%, y el ser familias sin residencia legal (antes podían acceder si acreditaban más de un año de residencia efectiva en Navarra), el 13,85% de las denegaciones.

Señala, en lo considera I – E “nefasto balance” de la actual ley, que a las más de 3.500 familias que estaban en lista de espera, se les aplicó la nueva normativa que recortaba derechos “pese a que es un principio constitucional básico la no retroactividad en el recorte de derechos. Como consecuencia de ello algunas familias, impulsadas principalmente por el trabajo de la Plataforma de Renta Básica, pusieron un recurso y se les dio la razón a la mayoría. Sin embargo, aquellas que no recurrieron aun teniendo derecho se han quedado sin cobrar”.

gasto: 81,5 euros habitante año Destaca el informe que se bajó el presupuesto y las prestaciones entre los años 2011 y 2012 (año este último de la ley actual) y que en 2013 se produjo un repunte, llegando a 9.472 familias que en algún momento del año cobraron RIS, con un gasto total de 37,7 millones, debido al agravamiento de la situación de pobreza.

Para I – E, otro de los problemas de las leyes de Renta Básica es que se gestiona sin tener en cuenta la situación social respecto a los pagos que las familias tienen que hacer sobre la vivienda. En cuanto a los cambios introducidos en 2013 a propuesta del PSN, valora la ampliación de 24 a 30 meses pero señala que pasado este tiempo, vuelve el problema ya que quien no tenga empleo ni ingresos no puede acceder a la RIS. También valora la inclusión de familias con menores de 16 años, aunque no se cumplan los requisitos, pero “se ha hecho una interpretación restrictiva y solo acceden las familias monoparentales”. Considera que la rebaja de la renta de 649 a 548 (un 15%), así como el 10% el primer año y el 20% el segundo está propiciando rentas insuficientes.

I – E también alude en este balance a los casos de fraude (68 de un total de 9.500 prestaciones), al supuesto efecto llamada, sobre el que el propio consejero dijo que no consta en el departamento estudio alguno al respecto y que no se produce, asegura I – E, que insiste en que la gente “emigra jhabitualmente por razones de búsqueda de empleo de ayudas sociales mínimas con lasque malvivir”.

Tras señalar que el argumento de facilitar la incorporación laboral se caer sobre su propio peso a la vista de las cifras de parados, reitera la necesidad de cambiar la ley para no ahondar en una fractura social cada vez mayor. Considera que añadiendo 15 millones de euros sería posible atajar la pobreza más extrema y asegura que garantizar a toda familia sin ingresos una renta básica supondría un gasto de e 81,5 euros por habitante/año, al tiempo que manifiesta que todo programa de rentas mínimas como la renta básica debe completarse con acompañamiento social, formación para el empleo e itinerario para la inserción social. – Lola Cabasés