EL AUTO del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
que suspende cautelarmente dos artículos de
una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Reus
en los que se prohíbe el uso del burka y el niqab en
espacios públicos, ha reabierto una polémica que
tiene muchas aristas. Por un lado, la decisión afecta al
derecho de libertad religiosa, principal argumento utilizado
por el TSJC. Pero también atañe a la dignidad
de las personas y al carácter vejatorio que el uso de
estas prendas tiene para las mujeres que lo visten. Y
además, es una cuestión de seguridad ciudadana.
El auto toma como referencia la jurisprudencia del
Tribunal Supremo. En concreto, una sentencia de 2013
en la que se anulaba una regulación similar del Ayuntamiento
de Lérida con el argumento de que actualmente
no existe una ley que prohíba el uso de determinados
atuendos, cosa que vulneraría el artículo 16.1 de
la Constitución que garantiza la libertad religiosa. Hay
que recordar que el entonces ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, propuso incluir esa prohibición en
la ley que preparaba su Gobierno –y a la cual terminó
renunciando– con el argumento de que este tipo de
atuendos «son difícilmente compatibles con la dignidad
del ser humano». En este sentido, sorprende que el
TSJC no entre a valorar una cuestión que daña la libertad
y la dignidad de la mujer, ya que el burka representa
el sometimiento de ésta al varón. No es sólo una
referencia cultural o religiosa, también simboliza una
relación de dominio machista intolerable en nuestras
sociedades democráticas. El Gobierno actual ha perdido
una oportunidad inmejorable para haber incluido
la prohibición del burka en la reciente Ley de Seguridad
Ciudadana, a pesar de que el ministro Fernández
Díaz sugirió incorporarla por razones de seguridad.
Efectivamente, la imposibilidad de identificar a cualquier
persona que pueda cometer un delito supone un
riesgo evidente que habría que evitar. Es preocupante
que ningún Gobierno español se haya atrevido a dar el
paso que dio Francia –ratificado por Estrasburgo– y
haya promulgado una ley de ámbito nacional que
prohíba el burka en espacios públicos. Se evitaría así
que un asunto que concierne a principios y derechos
fundamentales siga en el limbo jurídico y sea regulado a discreción por ayuntamientos y autonomías.