Pymes de servicios de limpieza y mantenimiento con la mitad de la plantilla formada por mujeres en avanzado estado de gestación, constructoras con una mayoría de mujeres o promotoras inmobiliarias (que no constructoras) con decenas de pavimentadores. Son las denominadas empresas falsas o ficticias que venden contratos de trabajo a cambio de una cantidad de dinero. Un fenómeno que arrancó con fuerza a la par que la crisis económica hace más de un lustro y a las que el Ministerio de Trabajo ha tenido que poner coto al servir de plataforma del fraude para cobrar el subsidio de desempleo, fundamentalmente, así como el reagrupamiento familiar y el permiso de trabajo y residencia, en caso de extranjeros.

Se trata, como explican fuentes oficiales de la Inspección de Trabajo de Alicante, de «empresas en las que no hay empresas». Son sociedades que nacen y se desarrollan únicamente con la oportunidad de ganar dinero a cambio de formalizar contratos de trabajo legales, con alta en Seguridad Social, para percibir la prestación por desempleo. A los beneficiarios, muchos de ellos arrestados y detenidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en los últimos meses, las empresas ‘fantasma’ les exigen el pago de entre 1.200 y 1.400 euros, un ‘pellizco’ si se tiene en cuenta que, tras la cotización correspondiente, el ciudadano puede acceder a un subsidio en veinte meses de hasta 9.000 euros.

Gracias a los convenios a la carta firmados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con Policía Nacional y Guardia Civil, a través de Interior, y con Policía Autonómica, a través de la Generalitat, la Inspección laboral ha logrado desmantelar 68 empresas ficticias, que, por su forma de actuar y el fraude cometido ya, han sido trasladadas a la Fiscalía y a los Juzgados de Instrucción. La cifra ha pasado de 25 sociedades en el año 2013 a 42 en 2014.

En toda España, el Ministerio y la Seguridad Social anularon el pasado año casi 18.000 prestaciones por desempleo a otros tantos trabajadores, de los que unos 1.500 son de esta provincia. Esta ingente actividad de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Inspección laboral ha permitido un ahorro de 10 millones de euros solo en los dos últimos años, pero una cantidad similar ha podido ‘esfumarse’ de la caja única de la Seguridad Social al ser sociedades insolventes, muchos de cuyos administradores están en paradero desconocido. Las detenciones de falsos empleadores y de empleados que han caído en la trampa se cuentan por decenas en veinticuatro meses.

Indigentes y toxicómanos

Las alertas se encienden cuando dejan de pagar a la Seguridad Social. Siempre ocurre. Muchos de sus administradores legales son testaferros procedentes del mundo de la indigencia y toxicómanos. Se han dado casos, incluso, de beneficiarios que han usado estas compañías ficticias para lograr un contrato con el que poder pedir el tercer grado penitenciario. «Pero la dinámica ya ha cambiado y, frente a empresas con más de cien operarios, ahora tienen menos trabajadores», explica la Inspección alicantina.

En plena crisis, también ha estallado otro ‘modus operandi’ en el fraude laboral: la contratación masiva de trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social. Si en el año 2013 se cazó a 25 sociedades por empleo numeroso sin alta, el pasado año fueron 35. En total, 60 empresas que están también en manos de Fiscalía, primero, y del juez después, puesto que se instruyen los procedimientos penales, con declaraciones como testigos de los propios inspectores y policías.

Desde hace justo dos años, con la modificación del Código Penal, se considera delito tener una «pluralidad de trabajadores de modo simultáneo sin comunicar el alta en la Seguridad Social». Un delito y fraude al Estado que está tipificado con penas de hasta seis años de cárcel. La media de trabajadores ilegales es de veinte. La Inspección se lamenta, no obstante, de que dos años después de reformarse el C. P.y con 60 casos «no haya ni una sola sentencia. «Los jueces deben entender la trascendencia social para el sistema futuro de pensiones», aclara.