Y llegó el primer obstáculo a la regularización temporal de cinco millones de migrantes sin documentos en el sueño norteamericano, decretada por unos poderes presidenciales inimaginables para los constituyentes más de dos siglos atrás. Las constituciones son contratos sociales cuya interpretación va cambiando con los tiempos y los valores sociales. Si el trabajo legislativo no produce frutos concretos, el presidente puede y debe gobernar por decreto. Uno de los jueces más conservadores de EE UU ha logrado, con la inestimable ayuda republicana, que 26 Estados le presenten un recurso contra estas acciones, bloqueando temporalmente su ejecución. Alguien que compara a los migrantes con una de las siete plagas bíblicas, a esta acción con una invitación abierta a los peores criminales, se presta gustoso a bloquear la puesta en marcha de regularizaciones por tres años de migrantes trabajadores, pagadores de impuestos y que no utilizan masivamente el servicio de salud.

La desilusión entre los migrantes es rampante cuando ya acariciaban el sueño americano, no de enriquecerse, sino de vivir sin miedo en un país que los acoge porque los necesita. La disputa judicial podría escalar hasta el Tribunal Supremo, que podría emitir una sentencia sin valor alguno si a esta presidencia le sucediera una republicana.