Ocho guardias civiles de la Comandancia de Melilla han sido imputados por los incidentes registrados en la valla el pasado 15 de octubre, cuando un camerunés fue presuntamente golpeado por los agentes y devuelto a Marruecos semiinconsciente, según la denuncia de la ONG Prodein. Aquel día, 300 inmigrantes intentaron entrar a territorio español y Prodein grabó en vídeo la actuación de la Guardia Civil que ahora investiga el juez.

El objetivo de la ONG se detuvo en Danny, un joven vestido con un jersey violeta que, cuando decidió bajar de la valla por una escalera que había habilitado la Guardia Civil, fue golpeado con las defensas por varios agentes que le esperaban a pie de valla. Los golpes le hicieron caer al suelo desde una altura de unos dos metros y, según el vídeo aportado por la ONG, quedó semiinconsciente.

Posteriormente, Prodein denunció que el joven había perdido un riñón, extremo que ha sido desmentido reiteradamente por la Delegación del Gobierno y el propio Ministerio del Interior.

Ahora, cuatro meses después, el juez Emilio Lamo de Espinosa imputa a los ocho guardias civiles que participaron presuntamente en los hechos y les tomará declaración. El magistrado quiere determinar si el uso de la fuerza que hicieron los guardias civiles fue desproporcionado, dado que el inmigrante parece empuñar en las imágenes un garfio para escalar la valla, lo que podría ser considerado como un arma para agredir o amenazar a los agentes.

De hecho, el juez ha ofrecido a la Abogacía del Estado la posibilidad de emprender acciones por si considera que el inmigrante pudo cometer un delito de atentado contra los agentes. Pero por ahora, quienes están imputados en la causa son los ocho guardias civiles con el objetivo de determinar si su actuación «pudiese estar tipificada en el Código Penal como, al menos, un delito de trato degradante».

La imputación de los ocho agentes es un paso más del Juzgado de Instrucción número 2 en las diligencias que abrió el pasado verano para investigar si la Guardia Civil actuó conforme a lo establecido en la Ley de Extranjería en los saltos masivos que se produjeron el 18 de junio y el 13 de agosto. Es el mismo caso en el que fue imputado el coronel jefe de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, y que el mes pasado fue ampliado con el intento de entrada que tuvo lugar el 15 de octubre. Por lo tanto, son nueve el total de los imputados, un jarro de agua fría para la Guardia Civil, que hace escasamente una semana también vio cómo otros 16 agentes fueron imputados como consecuencia de la tragedia del Tarajal, en Ceuta.

Ayer, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) pidió la dimisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al que consideran como «el único responsable de toda esta situación grave que se está produciendo» y que está causando un quebradero de cabeza judicial a 25 agentes.

La Delegación del Gobierno en Melilla consideró «injusto» que se cuestione el apoyo «abierto, claro y directo» de Interior hacia la Guardia Civil, que ayer reiteró de nuevo. Y aunque la institución mostró su respeto hacia la actuación judicial, también dejó claro que el instituto armado actúa en la valla conforme a los criterios de «congruencia, proporcionalidad y oportunidad». Además, insistió en que tiene la obligación de proteger las fronteras, que también son europeas, ante intentos de entrada como el del 15 de octubre, «posiblemente el más violento de 2014». No en vano, recordó que hubo 11 heridos, entre ellos 5 guardias civiles y un gendarme marroquí apuñalado, y 45 metros de valla «destrozados».

La imputación de los guardias civiles se produce mientras continúa la presión migratoria sobre la valla. Ayer, otro centenar de subsaharianos intentó entrar en Melilla y 35 lo consiguieron. Otra quincena permaneció encaramada durante más de cinco horas en la valla.