Ante la imputación de ocho guardias civiles, por posibles delitos de ‘trato degradante’ y ‘lesiones’, después de que golpearan, arrastraran en estado de inconsciencia y expulsaran ilegalmente de España a un ciudadano camerunés el pasado 15 de octubre, tras un salto de inmigrantes a la valla, la delegación del Gobierno en Melilla defiende que se “adopten las medidas que procedan contra las personas que hayan cruzado la frontera ilegalmente”.

Del mismo modo, la representación gubernativa en la ciudad autónoma muestra, en una nota remitida a los medios, su “absoluto” respaldo a los guardias que el juzgado número 2 de melilla imputa, según afirma el juez en el auto, por rodear y golpear a un inmigrante “empleando las defensas” y trasladarlo, posteriormente “en volandas”.

El delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, tacha además los saltos de masivos y violentos y asegura que en Melilla la Benemérita nunca incurre en las llamadas ‘devoluciones en caliente’, sino en un “acto legal de rechazo en frontera ante avalanchas masivas de personas que violentan los límites soberanos de nuestro país, pretendiendo a la fuerza una entrada irregular”.

El Barkani culpa a las “instancias europeas” de poner en duda la labor de la Guardia Civil en el control de fronteras a pesar de que esta es la segunda causa abierta tras la imputación también, hace una semana, de 16 agentes en Ceuta, tras la muerte de 15 jóvenes en la playa del Tarajal, en la que la acusación particular solicita los delitos de homicidio, agresiones y devoluciones ilegales a Marruecos.