Washington. (EFE). – La Casa Blanca decidió este martes plantar batalla legal a la decisión de un juez en Texas de bloquear las acciones ejecutivas del presidente de EE.UU., Barack Obama, que permitirían regularizar temporalmente a cinco millones de inmigrantes indocumentados.

El juez federal del distrito sur de Texas, Andrew Hanen, emitió ayer lunes una orden de suspensión temporal de los decretos de Obama por la demanda presentada por 26 estados contra la constitucionalidad de las medidas presidenciales en materia migratoria.

Además, ha contado con una dosis de suerte y coincidencia, ya que, debido a la nieve en Washington, el Gobierno federal, incluido el Departamento de Justicia, se encuentra cerrado, al igual que el tribunal al que el Gobierno de Obama debería enviar su recurso, que se encuentra en Nueva Orleans, donde hoy se celebra el Mardi Gras, el gran día del carnaval.

El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johson, mostró hoy su total desacuerdo con la decisión del juez Hanen, pero aseguró que la respetarán y su departamento no aceptará las peticiones de la Acción Diferida que iban a comenzar a llegar mañana.

Los apoyos y las críticas al bloqueo del juez Hanen no se han hecho esperar y se han dividido entre las opiniones favorables de los republicanos y las esperanzas de revocar el fallo de los demócratas y las organizaciones hispanas.

En un comunicado separado, el senador Cruz aseguró que la decisión judicial es un “punto de inflexión en la batalla para detener la amnistía fuera de la ley de Obama”.

Mostrando la sintonía de los republicanos en el Congreso en este asunto, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que el revés para la Casa Blanca demuestra que Obama “no tiene la autoridad para realizar este tipo de acciones”.

McConnell pidió a los senadores demócratas que dejen de obstaculizar la propuesta republicana de incluir enmiendas para acabar con las acciones diferidas de Obama, un desacuerdo que podría llevar este mes a un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por falta de fondos.

La congresista demócrata por California Linda Sánchez, presidenta del caucus (grupo) hispano del Congreso, aseguró que hay precedentes en el uso del poder ejecutivo en asuntos migratorios, tal y como hizo en su momento el presidente republicano Ronald Reagan.

Brent Wilkes, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), aseguró que la postura adoptada por los republicanos ignora que la necesidad de que Obama recurriera a una acción ejecutiva se dio por la oposición de congresistas conservadores a la reforma migratoria consensuada entre senadores de ambos partidos.

“Confiamos en que las acciones del presidente se considerarán constitucionales en un tribunal y se dará luz verde a su aplicación. Mientras tanto, LULAC asistirá a las familias que se preparan para el proceso de solicitud”, explicó Wilkes.

Janet Murguía, presidenta de la organización hispana Consejo Nacional de La Raza (NCLR), confió en que un tribunal revoque la decisión del juez tejano y “reafirme la legitimidad de ese alivio administrativo, poniéndose de lado de los incontables juristas que indicaron que el presiente actuaba dentro de su autoridad”.