El Ararteko en funciones, Iñigo Lamarca, ha emplazado a las instituciones vascas a dar un impulso a la atención de los menores en situación de desamparo, de modo que los recursos públicos se dediquen preferentemente a llevarlos a familias particulares, que ya acogen a 871 chicos en todo Euskadi, y no a residencias y pisos tutelados, donde hay más de 600. El ‘ombudsman’ también reclama del Gobierno Vasco «una regulación específica» para los más de 500 hogares de acogida que hay en la comunidad autónoma (unas veces, familiares del menor y otras, personas ajenas). Esa normativa, subraya Lamarca, deberá asegurar el derecho del niño o adolescente a ser «escuchado» y a que «su opinión sea tenida en cuenta» en el proceso.

Este emplazamiento del Ararteko está recogido en una de sus recomendaciones generales y refleja, en realidad, un punto de vista admitido por los propios gobiernos forales, que son los que tienen las competencias de menores. Sin embargo, no es sencillo de llevar a la práctica. Desde hace años las diputaciones realizan campañas en busca de parejas que quieran ocuparse de muchachos cuyos padres biológicos no les pueden proporcionar un hogar normal. En el caso de Bizkaia incluso se han dirigido a centros educativos para divulgar esa alternativa entre los escolares.

Sin embargo, el Ararteko en funciones cree que hay que hacer más para que garantizar que la opción familiar sea siempre la «preferente» con los menores en desamparo no sólo sobre el papel, sino en la realidad, como en otros países europeos. Por eso ha exigido a las administraciones vascas «una apuesta más decidida y sin demoras» para relegar las residencias y otros centros a un segundo plano. Y ha apuntado concretamente a la familia de acogida profesional; es decir, a la que es remunerada con un salario por cuidar a un menor, pero exigiendo a sus miembros una cualificación y la dedicación exclusiva.
El ‘ombudsman’ insta a que la acogida familiar sea la opción preferente en la práctica

Esa última posibilidad aún está en mantillas en Euskadi, siendo Gipuzkoa el territorio histórico que primero la ha puesto en marcha. Allí el programa profesionalizado se ha ampliado este año de 22 a 28 menores (otros 300 están en la acogida familiar normal). En Álava, la profesionalización alcanza a cuatro chicos (frente a 123 en otros hogares). Y en Bizkaia están empezando a buscar familias profesionales, pensando en casos de mala conducta o con otros problemas, mientras se contabilizan 416 menores en acogida convencional.

Menores extranjeros

Antes de que el Ararteko haya realizado su llamamiento, la Diputación de Gipuzkoa ya reconocía que la demanda de las residencias había caído últimamente, entre otros motivos por la menor presencia de menores extranjeros no acompañados. En Bizkaia, sin embargo, recuerdan que siempre serán necesarias. A pesar de ello, Lamarca insiste en que las diputaciones deben trastocar las partidas presupuestarias a fin de gastar más en la acogida familiar; equiparar las cuantías que reciben en los tres territorios históricos y prestar mucha atención a la emancipación de los menores.

Al Gobierno Vasco, el Ararteko le insta a aprobar una normativa sobre las familias de acogida que dé cabida al punto de vista de los chicos, algo que las diputaciones deberían atender, además, sin esperar a que se apruebe ese texto legal. Esa regulación, continúa el ‘ombudsman’, tiene que detallar «los derechos y deberes de las distintas partes intervinientes», «criterios y frecuencia de visitas», y ratios y formación de los profesionales de referencia.