Eran captados en Ucrania y desde allí partían a puntos de toda Europa. El viaje lo realizaban haciéndose pasar por turistas, pero su objetivo era bien distinto, ya que lo que pretendían era emprender una nueva vida lejos de las penurias de su país. Eran introducidos irregularmente en los países de destino por los miembros de una banda especializada en el tráfico de personas. Para ellos, el Ministerio Público solicita penas de hasta 17 años y seis meses de prisión en un procedimiento que lleva la Audiencia Provincial de Málaga.

Se trata de una organización criminal denominada ‘La central’, que tenía su base de operaciones y su centro de captación en la ciudad ucraniana de Chernivsti, aunque también operaban en las de Liviv y Uzhorod. Este último enclave, situado al oeste del país junto a la frontera con Eslovaquia, era donde los inmigrantes de nacionalidad ucraniana eran agrupados y transportados ilegalmente.

Siempre según el relato de los hechos de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, los miembros de la organización llevaban de forma irregular a los inmigrantes desde Ucrania hasta distintos países de la Unión Europea. Les proporcionaban documentación con el visado de turista o de corta duración que obtenían de forma ilícita, a sabiendas de que su intención era establecerse definitivamente en su destino.

Para desplegar esta actividad, la organización contó con la ayuda de varias agencias de viajes. Éstas actuaban en las ciudades mencionadas en connivencia con la banda criminal, lo que permitió salir a las víctimas del país, utilizando para ello métodos fraudulentos. Se convirtieron en una pieza clave para la actividad delictiva.

La red estaba compuesta por varios grupos con cometidos bien diferenciados. De esta manera, mientras los que estaban en Ucrania se dedicaban a captar a las personas que deseaban salir del país, con destino España u otro punto de la Unión Europea; en Milán (Italia), otros miembros se ocupaban de alojar a las víctimas en pisos francos, para organizar los desplazamientos a las ciudades de destino.

La mayoría de las personas que van a ser juzgadas por el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga, que se encarga de este caso, pertenecerían a un tercer grupo. Se trata de los conductores o acompañantes que debían trasladar a las víctimas.

Los «pasadores»

Conocidos como «pasadores», actuaban de forma distinta, según si las personas que transportaban tenían o no la documentación necesaria para encubrir su entrada irregular en el país. Si disponían de ella, el traslado se hacía a través de los puntos fronterizos mediante todo tipo de vehículos, desde turismos hasta furgonetas, y, si no, se internaban en territorio comunitario por pasos no habilitados o clandestinos, caminando por bosques.

Por los desplazamientos, las víctimas pagaban alrededor de 2.500 euros y el cobro estaba asegurado. Desde el Ministerio Público explican que los integrantes de la banda les incautaban los pasaportes y todos los documentos de identidad, así como los teléfonos móviles, que no les devolvían hasta haber recibido el abono.

Sin embargo, no era la única fórmula. En alguna ocasión, uno de los miembros amenazó a una víctima con recluirla en un apartamento de Madrid. Incluso otro de los integrantes no dejó bajarse del vehículo en el que iban a otras tres personas hasta que no pagaran todo lo que debían.

La explotación de las víctimas también era una práctica habitual en esta organización. El Ministerio Público relata en su escrito el caso concreto de una de las víctimas, que tras salir de Ucrania y pasar por Polonia, Austria y Francia, finalmente llegó a España. Una vez en el país, le quitaron todo el dinero y acabó en un piso en Málaga.

Amenazas

En esta vivienda la alojaron dos de las procesadas, quienes la obligaron a realizar tareas domésticas como pago por el alojamiento. Al parecer, no le daban de comer y la amenazaban con enviarla a ejercer la prostitución si no cumplía con las normas, además de decirle que le darían una paliza si intentaba huir.

Sus actuaciones iban más allá. En el escrito se recoge que el precio de la estancia en el piso era de 150 dólares, tanto si las víctimas se quedaban un día o todo un mes. Además, les buscaban un trabajo, pero el primer sueldo tenía que ser para las dos procesadas, quienes también les entregaban un código para los documentos por unos 50 euros. Si no tenían dinero para el trámite, se lo prestaban con un interés del 15 por ciento.

La prostitución se escondía detrás de algunos de los casos de esta red. De hecho, una de las procesadas y su pareja llegaron a pagar 2.000 euros a la organización para que introdujera en España a algunas chicas, quienes tenían que llegar para ejercer esta actividad en su beneficio.

Prostitución

En el domicilio de esta procesada había otras chicas practicando la prostitución. Tenían que trabajar de lunes a sábado y la mitad de lo que recaudaban se lo daban a ella, que era la encargada de entrevistarse con el cliente y decidir cuál de las dos debía realizar el servicio sexual.

Son algunos de los hechos que han llevado a un total de 16 personas a estar acusadas de pertenecer a esta organización. La Fiscalía les considera responsables de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de falsedad en documento oficial, de prostitución y de amenazas.

Para los que menos cargos tienen, el Ministerio Público solicita penas de 9 años de prisión, mientras que para el principal procesado se piden 17 años y seis meses de cárcel, además del pago de una multa de 13.500 euros, por delitos contra los ciudadanos extranjeros, de falsedad en documento oficial y de prostitución.