pamplona – La Guardia Civil desarticuló ayer, con la detención de cinco personas, dos de ellas en Tudela y una en Eibar, una banda paquistaní con ramificaciones en la capital ribera que introducía en España inmigrantes de su nacionalidad con fines de explotación laboral. En Tudela se registraron un kebab, un locutorio y un piso en la calle Príncipe de Viana y otro locutorio en el paseo Sarasate.

La operación, que continúa abierta, se ha desarrollado también en Eibar y en los municipios riojanos de Logroño y Calahorra, localidades todas ellas en las que se ha practicado una detención, además de en Tarazona (Zaragoza), donde se realizó algún registro domiciliario, y fue coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tudela.

La red utilizaba establecimientos de kebab y locutorios de Calahorra y Tudela como tapaderas para sus actividades ilícitas. La Guardia Civil les atribuye delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (favorecimiento de la inmigración clandestina), trata de seres humanos, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.

Según los investigadores, los detenidos formaban un grupo criminal asentado en España desde al menos el año 2007, que tendría por finalidad facilitar la salida de Pakistán a inmigrantes hacia Europa de modo fraudulento mediante pago de importantes cantidades de dinero.

Cuando conseguían introducirlos en Europa, el grupo les alojaba en viviendas controladas por la banda y la mayoría de ellos sufrían explotación laboral en condiciones infrahumanas en distintos negocios de la trama. En esta situación permanecían al menos tres años, hasta que tenían saldada la deuda que contrajeron para llegar a España y conseguían su residencia regular alegando su arraigo social.

“Facilitadores” Algunos de los detenidos disponían de “fluidas relaciones” en la comunidad pakistaní, en la que dispondrían de “facilitadores” que les proporcionarían el acceso a aquellas documentaciones que precisaran para obtener la regularización de los inmigrantes trasladados desde Pakistán de modo ilícito.

Según la Guardia Civil, si alguno de los inmigrantes que traían se negaba a pagar la deuda contraída, se le amenazaba a él y a su familia en Pakistán, lo que ha permitido que las víctimas no denunciaran los hechos durante estos años.