Gasteiz – El Ayuntamiento de Gasteiz, gobernado por el PP, no ve motivos suficientes para sancionar ni abrir un expediente disciplinario al conductor del autobús municipal que denegó el acceso a una mujer por ir ataviada con un burka, pese al informe jurídico que determina un incumplimiento del reglamento. Dicho informe elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento señala además que las faltas cometidas por el conductor “podrían ser consideradas graves” y el letrado mayor observa como infracción del reglamento tanto la prohibición a la pasajera de acceder al autobús, hecho que ocurrió el pasado 6 de noviembre, como la iniciativa que el conductor llevó a cabo al día siguiente de recabar apoyos entre los usuarios a su decisión.

La resolución sobre la sanción la adoptará la sociedad pública de transportes Tuvisa, que ya abrió un expediente informativo al conductor para estudiar el caso. Pero ayer la teniente de alcalde de Vitoria y concejala de Medio Ambiente, Idoia Garmendia, aseguró que el informe jurídico no es lo suficientemente concluyente dado que no determina ni el tipo de falta ni cuál sería la sanción que podría corresponder al conductor. Así, Garmendia considera que el Gobierno municipal del PP no ve “motivo suficiente” para sancionar al chófer ni tampoco para abrirle un expediente disciplinario “más allá del puramente informativo que ya está en curso”.

Desde la oposición, el concejal del PNV, Borja Belandia, denuncia que la posición del equipo de gobierno del PP en torno a este asunto es una “injerencia inadmisible” hacia el funcionamiento de la sociedad Tuvisa y una desautorización a los servicios jurídicos municipales que han elaborado el informe. El PSE – EE, por su parte, señaló que el informe es “muy claro” y considera que el chófer debe recibir una sanción “ejemplar”.

Bildu también aseguró que Tuvisa tiene que abrir un expediente sancionador al conductor por una falta grave y ha advertido al alcalde de Vitoria, Javier Maroto, de que tiene que cumplir la ley.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Reus ha recurrido la decisión del TSJC de suspender cautelarmente la prohibición de usar el burka en espacios públicos, prevista en las Ordenanzas de Civismo y Convivencia, por un defecto de forma. El alcalde Carles Pellicer (CiU) advierte de que no darán “ni un paso atrás” en este asunto.

Las ordenanzas, que se aprobaron el pasado 18 de julio, fueron recurridas por ocho colectivos musulmanes, y el pasado 29 de enero el TSJC suspendió los artículos de la normativa municipal que prohíben permanecer en la vía pública y acceder a los autobuses, instalaciones o locales municipales con ropa o elementos que dificulten la identificación de la persona.

Carles Pellicer aseguró ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) “ha cometido un error grave”, reiteró que las ordenanzas son “impecables” y recordó que la Guardia Urbana elabora un protocolo para poder identificar a las mujeres con velo integral. Sin embargo, se da el caso que los demandantes recurrieron las ordenanzas aprobadas inicialmente el 28 de febrero del año pasado, pero las definitivas aprobadas el 18 de julio cambiaron los términos burka y nicab por vestimenta que oculta el rostro. – Efe