donostia – El PP de la CAV está dispuesto a hacer del “fraude” en el reparto de las ayudas de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) uno de sus ejes electorales. Tanto que la reclamación de control, convertida en una campaña de recogida de 30.000 firmas para una iniciativa legislativa popular (ILP), aterrizó ayer en Donostia con su principal impulsor, el alcalde gasteiztarra Javier Maroto, al frente.

“Existen tramas que vienen al País Vasco no a trabajar y a integrarse, porque esos tiene todo nuestro apoyo, sino a llevárselo crudo”, denunció el primer edil de Vitoria, que compareció en la calle Loiola de Donostia acompañada por los portavoces donostiarra y foral de la formación, Ramón Gómez y Juan Carlos Cano; el presidente del PP guipuzcoano, Borja Sémper; y la máxima dirigente de los populares vascos, Arantza Quiroga.

Quiroga, que cuando en verano era cuestionada por los periodistas mostraba cierto apoyo a las reivindicaciones lideradas por Maroto y el diputado general alavés, Javier de Andrés, dio un paso al frente y firmó ayer la ILP. La suscribió al igual que hizo el resto de cargos que acudió a la mesa de la plataforma Ayudas más justas.

El alcalde de Vitoria aseguró que la campaña puesta en marcha desde Araba cuenta con cientos de voluntarios (“hoy hay una sede en Barakaldo, también en San Sebastián, mañana quizá la veamos en Bilbao o en otros puntos de Euskadi”), defendió las ayudas sociales, “pero sin abusos”.

Maroto dijo que el PP está “hasta las narices con lo que está pasando con las ayudas sociales. Pido a los vascos que entiendan la solidaridad así, que se acerquen y que firmen”. “Cuando seamos 30.000, obligaremos al Parlamento a cambiar esa ley”, dijo Maroto, que recibió el respaldo “absoluto y rotundo” de Sémper.

El portavoz del PP en la Cámara también pasó la responsabilidad del debate, que ya fracasó en el Parlamento por el rechazo frontal de PNV, EH Bildu, PSE y UPyD, a los ciudadanos que deben suscribir la ILP: “Vamos a ver si entre todos conseguimos modificar que el esfuerzo que los ciudadanos hacen pagando impuestos sea destinado justamente y llegue a quienes necesitan verdaderamente de la solidaridad de todos”.

El primer edil de Vitoria puso en solfa a los inmigrantes “que vienen a llevárselo crudo. No a cobrar las ayudas sociales una vez al mes, sino tres veces como ha descubierto recientemente la Ertzaintza. Y eso sucede porque hay quien lo permite”. Esta referencia indirecta a Lanbide, el servicio que coordina estos pagos, y la consiguiente denuncia política no es nueva, ya que se sitúa en la senda que ya recorrió el PP catalán en verano de 2011 con la renta mínima de inserción (RMI), similar a la RGI vasca.

El entonces portavoz parlamentario del PP catalán, Enric Millo, puso el “fraude” sobre la mesa reclamó al Govern que presidía Artur Mas a “redefinir” la RMI: “Si el fraude es tan generalizado es necesario redefinir el objeto de la prestación, ya que ningún Gobierno lo ha hecho”. Por esta razón, el partido dirigido por Alicia Sánchez – Camacho también reclamó una “auténtica reforma integral de la RMI”.

“Destruir las ayudas” La visita de Maroto tuvo una rápida respuesta. Ni una hora después de que el primer edil liderara la recogida de firmas en el Centro de Donostia, el Gobierno municipal, a través del edil de Bienestar Social, Jon Albizu, denunció que el alcalde de Vitoria “trata de utilizar este momento de crisis para destruir las políticas sociales”.

Tras asegurar que la capital guipuzcoana “ha aumentado el gasto social durante estos cuatro años”, aseguró que la “estrategia” del primer edil gasteiztarra “fomenta la xenofobia y pone en tela de juicio el funcionamiento de las ayudas sociales, ya que cuestiona a la propia Administración pública en uno de sus servicios más controlados y vigilados, y además estigmatiza todo el gasto social en su conjunto”.

A su entender, “Maroto y su partido tienen otros ámbitos en los que puede investigar el fraude y el despilfarro del gasto público, y no recortando en ayudas sociales o en cooperación al desarrollo”.