El 6 de febrero de 2014, 15 personas perdieron la vida cuando intentaban entrar a nado en Ceuta. Cuando se cumple un año de uno de los peores dramas de la inmigración en España, el engranaje judicial ha comenzado a ponerse en marcha. La juez ha llamado a declarar, en calidad de imputados, a 16 de los guardias civiles que intentaron impedir que en torno a 200 inmigrantes alcanzaran suelo español mediante el disparo de pelotas de goma y botes de humo. Entre los imputados hay tres mandos.

En una providencia con fecha del pasado martes, la juez María del Carmen Serván, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, cita a un capitán, a un teniente, a un sargento y a 13 guardias a «prestar declaración sobre los hechos ocurridos el día 6 de febrero de 2014 en la frontera de El Tarajal de Ceuta».

Lo hace «conforme a lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», que es el que hace referencia a que «toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa». La acusación particular, ejercida por varias ONG, pedía la imputación por presuntos delitos de homicidios por imprudencia, agresiones y expulsiones ilegales.
Según concreta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la juez va a investigar «si las actuaciones de estos guardias civiles y el uso que hicieron de pelotas pudieron influir en la muerte de los cinco inmigrantes encontrados en las costas españolas». Esto significa que podría llegar a determinarse que hubo una relación causa-efecto entre el uso de los medios antidisturbios y los fallecimientos, pero sólo de los cinco cuerpos aparecidos en territorio español.

La providencia llega cuatro días después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu había rechazado ser competente para investigar los hechos.

La juez de Ceuta se había inhibido, intentando derivar el caso a la Audiencia, porque entendía que se trataba de un asunto cometido por españoles en aguas extranjeras, pero Andreu respondió que no se sabía «si las muertes de los inmigrantes se produjeron en España, en Marruecos o en territorios de ambos reinos», y que «la certeza es que la actuación de la Guardia Civil» se «produjo en y desde territorio español».

A la juez no le ha quedado más remedio que retomar el caso y lo ha hecho basándose en un exhaustivo informe realizado por la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta. Es el principal elemento en el que se sustenta, porque hasta la fecha no ha tomado declaración a ninguno de los agentes.

En este informe, adelantado por Europa Press, aparecen los testimonios de los tres mandos ahora imputados. El capitán, por ejemplo, contó que pidió «un fusil a un agente y varias pelotas» de goma con los que realizó varios disparos para que los guardias «vieran que su jefe se implicaba como ellos en intentar evitar el paso de la frontera». También admitió haber gestionado las expulsiones ilegales a Marruecos de 23 inmigrantes, que se realizaron en el momento por la puerta de atrás de la valla.
El informe recoge también las palabras del teniente, que dio «indicaciones» al equipo para «el empleo del lanzamiento de medios antidisturbios», y del sargento, que «transmitió la orden de tener certeza absoluta de que impactaran los medios a una distancia segura».

La juez tomará declaración a estos mandos y al resto de los guardias los días 3, 6, 10 y 11 de marzo.

Su testimonio es crucial para avanzar en un proceso en el que sólo uno de los 15 cadáveres, aparecido en suelo español, ha sido identificado. Es el camerunés Armand Tagne. Su familia insiste en que «cualquiera que pierde a su hijo tiene el derecho a saber por lo menos cuál es el nombre de la persona directamente responsable de la muerte».

«Queremos que la Justicia española sea valiente y no tenga miedo», expresó ayer tras conocer la providencia Wafo Tagne, padre de Armand, a través de la activista española de Caminando Fronteras Helena Maleno.

Fuentes del Ministerio del Interior, por su parte, señalaron que «la Guardia Civil está a disposición de lo que diga la Justicia» y recordaron que «en todo caso se trata de un procedimiento normal, en el que los guardias civiles tienen que declarar con abogado».

La imputación de los 16 agentes se produce cuando se cumplen seis meses del relevo del jefe de la Guardia Civil en Ceuta, trasladado discretamente a Sevilla medio año después de las 15 muertes.