«No hay colapso». Así respondió la consejera de Sanidad del Gobierno canario a la diputada del Partido Popular (PP), Mercedes Roldós, a una pregunta que le formuló en el Parlamento sobre la situación de las urgencias de los hospitales del Servicio Canario de la Salud (SCS). 

Para la responsable gubernamental, las urgencias reflejan un escenario social distinto, donde una parte de la población está obligada a acudir a ellas después de la reforma legislativa impulsada por el Gobierno central, apunte que secundó después el portavoz del grupo Mixto, Román Rodríguez, cuando se abordó en el pleno el deterioro de la sanidad. 

Frente a las denuncias formuladas por los propios profesionales de la salud – la última plasmada en una carta de los médicos de los hospitales Negrín e Insular y cuyo contenido ni se mencionó en la Cámara – , Mendoza opuso una ristra de medidas que dice haber tomado a pesar del «déficit de financiación de 2.412 millones» que, a la postre es lo que explica el «deterioro».

«La plantilla orgánica no se ha visto afectada» por los recortes, aseveró la consejera; «hemos dado más de 3.250 interinidades en distintas categorías profesionales, hemos aumentado el rendimiento quirúrgico, no hemos cerrado ni servicios de urgencias, ni hospitales ni centros de salud», ahondó y además «crecemos en infraestructuras – Tenerife y Fuerteventura – , mejoramos algunos centros de atención primaria y especializada y abrimos centros de urgencias como el de Añaza» (Tenerife).

En definitiva, Brígida Mendoza subrayó que «a ningún paciente le ha faltado un tratamiento, por muy caro que haya sido» y «ni un solo paciente se ha quedado sin ser atendido».

Sin embargo, los partidos de la oposición dibujaron un panorama bien distinto.

El portavoz del grupo Mixto, Román Rodríguez, asumió que la falta de financiación afectara a la prestación de la sanidad, pero recordó que el Gobierno lo ha negado en estos cuatro años.

También coincidió Rodríguez con los cambios sociales derivados de los recortes; «los mayores han sido privados de la ayuda a domicilio y acuden mucho más a las urgencias», expuso al mismo tiempo que aludía a los inmigrantes como grupo social que se ha quedado sin las prestaciones sanitarias de antes.

Sin embargo, el diputado denunció «falta de previsión» y un «problema de gestión» que ha provocado «equipamientos envejecidos, hospitales cochambrosos y reducción de personal».

En una intervención anterior, la diputada del PP, Mercedes Roldós, arremetió con las «situaciones indignas, tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes» y lamentó que «esta situación que ya es habitual es la imagen de su gestión y del fracaso del Gobierno».