Rabat, 9 feb (EFE).- El gobierno de Marruecos ha regularizado a dos terceras partes (un 65 %) de los inmigrantes que se encontraban ilegalmente en el país y que así lo solicitaron, y se dispone ahora a desmantelar los campamentos de subsaharianos junto a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.

Tras un proceso extraordinario que ha durado un año, los resultados comunicados hoy en rueda de prensa precisaron que hubo 27.332 solicitudes presentadas, de las que 17.196 recibieron una respuesta favorable, y entre los solicitantes, de 116 países distintos, destacan, por este orden, senegaleses, sirios, nigerianos, y los procedentes de otros países subsaharianos.

En la presentación estuvieron presentes tres ministros, que destacaron en repetidas ocasiones el “enfoque humanitario” de la operación y los “enormes costos” que ha generado para el país.

“Tenemos un apoyo financiero de la UE de diez millones de euros, pero no es suficiente porque el coste es muy elevado dijo la ministra delegada de Exteriores, Mbarka Buaida Pero hay algo más importante, que es el apoyo político como socio privilegiado: Marruecos debe ser reconocido como un modelo en su enfoque”.

El ministro delegado de Interior, Charki Drais, dijo por su parte que la operación terminó el 31 de diciembre, dando a entender que no habrá prórroga, aunque precisó que los 10.000 inmigrantes cuya solicitud se ha denegado tienen aún a su alcance instancias de recurso, por lo que no habrá expulsiones mientras éstas no se pronuncien.

Drais destacó que “el cien por cien de las mujeres y los niños solicitantes” han sido admitidos (10.178 personas), mientras que el ministro de Emigración, Anis Birou, precisó por su lado que todos los regularizados tendrán derecho al seguro médico público conocido como Ramed.

“Se han dado muchas facilidades”, insistió Drais, al recordar que a muchos de los solicitantes, al carecer de un documento oficial de identidad, se les aceptó cualquier documento que demostrara un cierto arraigo en Marruecos.

El ministro Birou reconoció que hay inmigrantes que no están interesados en el proceso y que esperan su momento para pasar a Europa saltando la valla de Ceuta y Melilla: “Ante ellos, Marruecos tiene que aplicar la ley y velar por su seguridad”, advirtió.

Drais fue más lejos y dijo que los campamentos en los que estos inmigrantes esperan se van a desmantelar “muy pronto”, aunque no quiso dar más detalles.

Precisamente una parte importante de la presentación la ocupó un documental grabado por Marruecos sobre las difíciles condiciones de vida de los acampados en los bosques cercanos a las dos ciudades españolas y lo que sucede cuando se produce algún asalto (87 intentos en 2014).

Las imágenes muestran a agentes de las Fuerzas Auxiliares (cuerpo paramilitar) o miembros de la Media Luna Roja asistiendo a los inmigrantes , curándolos en hospitales o entregándoles alimentos.

“Creo que el documental da una idea del comportamiento de las fuerzas del orden y es una respuesta a quienes no dejan de criticar a las fuerzas del orden al decir que les damos un trato inhumano: aquí está la prueba delante de ustedes de que hacemos todo lo posible por dar un trato digno”, dijo Drais.

En la misma lógica, la ministra Buaida recordó que “el enfoque de Marruecos es voluntario y contrariamente a lo que se comunica a veces, no jugamos con los derechos humanos, sino que los respetamos: es importante que se cuente la verdad y que los esfuerzos en materia de inmigración se reconozcan”.

La ministra no negó que existan “dificultades” para que Marruecos acepte el “acuerdo de readmisión” de emigrantes que le solicita repetidamente la Unión Europea a cambio de facilidades en la concesión de visados, pero recordó que ya ha habido una ronda negociadora al respecto y pronto habrá otra.

La política de emigración marroquí es ahora central en su relación con la Unión Europea, y Marruecos suele ser calificado de “gendarme” de la emigración en la frontera sur.

Esta cooperación policial necesaria, más la lucha común contra el fenómeno del yihadismo, ha convertido a Marruecos en uno de los socios más necesitados entre los países de la UE, baza que Rabat sabe utilizar para pedir comprensión o apoyo en otros frentes como puede ser el Sáhara Occidental o los atropellos a los derechos humanos.