La lucha contra las redes de prostitución en España comienza en carreteras, descampados, clubes y pisos clandestinos y, en muchas ocasiones, acaba en un listado de números y letras. Son los códigos alfanuméricos tras los que la Policía esconde a los testigos protegidos, cuyas declaraciones tras un biombo, a través de videoconferencia o desde una sede policial, son parte de la clave para la desarticulación de decenas de redes de trata de blancas.

Sólo en los dos últimos años la Policía Nacional certificó 1.465 detenciones vinculadas a las redes de prostitución, muchas de ellas gracias a las declaraciones de los 313 testigos anónimos que accedieron a hablar contra sus esclavistas. Dar ese paso, señalan fuentes conocedoras de la lucha contra las redes de proxenetismo, es el último escalón de una cadena de decisiones a las que se enfrentan las mujeres desde que aceptan hablar por primera vez con la Policía. «Primero deben atreverse a denunciar. Después confiar en los agentes y, tras un periodo de reflexión personal lejos de la carretera y bajo la protección de la Policía o de las ONG, hablar contra ellos». Un paso que pocas de las 11.750 víctimas detectadas entre 2013 y 2014 ieron por temor a las organizaciones que las captan en sus países y las amenazan a ellas y a sus familias.

Ese paso fue el que dio el pasado noviembre ante la Audiencia Provincial de Madrid la testigo protegida G8-35. Bajo ese código describió en juicio la dinámica de torturas a la que le sometió una red de prostitución rumana. Palizas continuas, violaciones y amenazas de muerte que la red culminó inyectándole en tinta con una máquina de coser la marca del grupo. Esa mafia rumana, la cual controlaba parte de la prostitución en la capital, se encuentra ya incluida en las estadísticas, que evidencian la efectividad de los testigos protegidos, entre los que se incluyen también clientes de las mujeres y arrepentidos de las organizaciones. Gracias a ellos, en los dos últimos años se espolearon parte de las 462 operaciones que se ejecutaron contra redes de trata, según explicó ayer en Barcelona el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la presentación de la segunda fase del nuevo plan de la Policía contra la trata de blancas.

Según las estadísticas que maneja la ONU, la prostitución es un negocio que genera cinco millones de euros al día sólo en España –1.825 millones al año– en una dinámica que se extiende sin remedio por toda Europa, donde el volumen alcanza los 2.280 millones al año. El Gobierno asegura tener entre sus «prioridades» cercenar su existencia a través de un plan que, ahora, pondrá el punto de mira sobre los clientes. En palabras del director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, su objetivo es activar una presión «insoportable» sobre quienes contraten los servicios de prostitutas. Para lograrlo, Interior va a incrementar la aplicación de las multas a quienes traten de lograr los servicios de mujeres cerca de centros escolares o en viales de las carreteras, tal y como está registrado en la Ley de Seguridad Ciudadana todavía en trámite.

Interior, además, creará un grupo especializado en investigar el rastro de las redes de prostitución a través de las redes sociales e incrementará en seis los grupos operativos en la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif).