El Grupo Parlamentario Popular en el Senado va a introducir una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para incorporar, junto a la legalización de las ‘devoluciones en caliente’, una mención a la posibilidad de pedir asilo en unas oficinas que se crearán a tal efecto en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.
Estos centros servirán, además, para responder a la reciente investigación abierta por la Comisión Europea sobre la aplicación del Derecho comunitario de los inmigrante por parte de las autoridades nacionales, y que podría acarrear sanciones si se demuestra que se vulneró la legislación comunitaria.
Uno de los principales defensores de la “legalidad” de las ‘devoluciones exprés’ hasta la fecha ha sido el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. El mismo que ayer avanzó la creación de estas oficinas de asilo fronterizas como una respuesta explícita a Bruselas, donde no gusta la política migratoria española y la actuación de las fuerzas de seguridad en los pasos fronterizos.
Así, el ministro consideró que cuando se abran estos centros “quedará muy claro” que quienes intenten acceder a los enclaves saltando las vallas no serán, “en principio”, refugiados ni tendrán derecho a la protección internacional. Una medida que tratará de prevenir los saltos de la malla metálica y las ‘devoluciones en caliente’.
En la práctica, la enmienda del Senado y las novedades que afectarán a la Ley de Extranjería introduce una nueva figura jurídica sólo aplicable a Ceuta y Melilla. Se dará cobertura legal a la entrega sobre la marcha a Marruecos de cuantos inmigrantes sean interceptados “mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera”.
Asimismo, el reglamento establece que las solicitudes de asilo “podrán formalizarse” en los lugares que se hayan habilitado para ello en los puestos fronterizos, y se tramitarán conforme a la normativa de protección internacional. Estas oficinas se inaugurarán en marzo, contarán con letrados e intérpretes y los interesados podrán formalizar su petición siguiendo el llamado procedimiento en frontera, el mismo que funciona en aeropuertos internacionales como Madrid – Barajas o El Prat de Barcelona.
No obstante, la existencia de estos puestos no eximiría de la posibilidad de pedir asilo en cualquier otro momento en Ceuta y Melilla u otro punto del territorio nacional una vez se ha entrado en España, puesto que la Ley de Asilo establece que “la entrada ilegal no podrá ser sancionada cuando haya sido realizada por persona que reúna los requisitos para ser beneficiaria de la protección internacional”.
LOS PLAZOS DEL ASILO
Esta normativa contempla el derecho a solicitar la protección durante un plazo de un mes desde la entrada en el país o desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen la petición, aunque en la práctica el plazo es mayor, pues determinados perfiles, como el de las víctimas de trata, no siempre tienen la posibilidad de cursar la instancia a su llegada al país o desconocen incluso que tienen ese derecho.
A diferencia de lo que ocurre en las salas del aeropuerto, en las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla los solicitantes podrán acceder a las ciudades autónomas y alojarse o en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes o en un domicilio particular mientras se resuelve la admisión a trámite de su petición, gestión que lleva un máximo de cuatro días ampliables a 10 si ACNUR así lo solicita.
Aunque las oficinas como tal no han sido creadas, los agentes del puesto fronterizo de Melilla vienen recogiendo solicitudes de asilo desde septiembre, cuando se puso en marcha la iniciativa de forma piloto. Según los datos del ACNUR, desde entonces y hasta el 31 de diciembre se recogieron 400 peticiones en el puesto fronterizo de Beni Enzar (Melilla), a las que se suman otras 400 presentadas a lo largo de enero de 2015. La mayoría de las solicitudes fueron registradas por ciudadanos sirios, aunque también figuran de argelinos y palestinos.
Que entre los solicitantes haya escasas personas de origen subsahariano, mayoría entre quienes cruzan la valla, se debe a que carecen de libertad de circulación en Marruecos y no pueden acceder hasta el puesto fronterizo español.