Media docena de entidades han protagonizado este viernes un acto  de
homenaje en memoria de los 15 fallecidos hace justo un año camino  de la
playa ceutí de El Tarajal en el que han denunciado que la 
investigación judicial de los hechos ha sido “ralentizada” y han 
exigido que de una vez se imparta justicia para que algo así no  vuelva a
suceder.

MADRID. El acto, celebrado en el madrileño Templo de Debod y organizado  por Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al  Refugiado (CEAR), ha contado con el apoyo de SOS Racismo, Ca – Minando  Fronteras, la Coordinadora de Barrios y Red Acoge, que han colocado  rosas sobre una espiral de concertinas en memoria de los fallecidos.

“Un año después de este tráfico incidente, las víctimas y sus  familias siguen esperando que se haga justicia, mientras la  investigación ha sido ralentizada”, ha denunciado la portavoz de  Política Interior de Amnistía Internacional, María Serrano.

En este sentido, la abogada de la Coordinadora de Barrios que  lleva la acusación en Ceuta, Patricia Fernández, ha incidido en que  “un año después, a penas se ha avanzado en la investigación para  conocer a los responsables de las muertes de El Tarajal”. “Las  víctimas de esta tragedia y sus familias merecen algo más que excusas  y evasivas. Tienen derecho a conocer lo sucedido”, ha reclamado.

Para las entidades, el hecho de que “las autoridades españolas no  hayan investigado debidamente el ahogamiento de 15 migrantes frente a  la costa de Ceuta después de que la Guardia Civil utilizase contra  ellos material antidisturbios de forma desproporcionada, pone de  relieve el lamentable menosprecio de la vida humana que impera en la  frontera”.

CEAR y Amnistía recuerdan asimismo que la expulsión sumaria de los  23 migrantes que aquella mañana sí consiguieron alcanzar la playa  ceutí supuso “una violación de normas internacionales de Derechos  Humanos vinculantes para España” que ahora se va a institucionalizar  legalizando las devoluciones en caliente bajo la figura jurídica del  rechazo en frontera.

Esta devolución sumaria vulneró de forma flagrante las  obligaciones españolas, europeas e internacionales en materia de  Derechos Humanos y Derecho de Asilo. No fue la primera ni tampoco la  última. Este tipo de prácticas han continuado periódicamente durante  todo el año pasado", ha denunciado la secretaria general de CEAR,  Estrella Galán.

Ambas entidades han entregado después del acto cerca de 95.000  firmas en el Senado contra esta medida, que se ha introducido en una  disposición adicional al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana ahora  en tramitación en la Cámara Alta. Piden a los senadores que no den  cobertura legal “a una práctica claramente ilegal”.

“En lugar de corregir una práctica que persigue impedir a toda  costa que personas refugiadas y migrantes entren en España (…) el  Gobierno está buscando fórmulas para legalizarla”, ha señalado Galán.  Serrano, sobre este asunto, ha añadido que la legalización “violaría  claramente las obligaciones internacionales asumidas por España y  pondrían más vidas en peligro”.