Ayer fue un día eterno para Jessica. Tras pasar por el hospital a causa de una crisis nerviosa, a media tarde todavía le quedaba por delante recoger a los niños y buscar cobijo para pasar la noche. Porque el día había comenzado, para ella y su marido Eduardo, con la Policía sacándoles de su último techo, una vivienda de la calle Alvarado del distrito madrileño de Tetuán. Esta vez, los niños evitaron la escena, porque ya saben lo que es un desahucio. «Es muy duro, más cuando son dos veces», se desahogaba Jessica recordando que el anterior desalojo, el año pasado, fue en verano. Entonces pasaron quince días viviendo en un parque. Ahora, en pleno invierno y con una ola de frío acechando, ni se plantea una noche al raso.

Jessica, de 40 años, y Eduardo, de 38, nacieron en Ecuador pero llevan media vida en España. Se conocieron en Madrid, y aquí nacieron sus hijos, un niño de siete y la pequeña de cinco. La familia pasó días felices en un piso de alquiler hasta que Eduardo fue al trabajo el 18 de septiembre de 2013. «El encargado me dijo que le diera la tarjeta de empleado y las llaves». Así acabaron trece años como cocinero en una cadena de restaurantes. Y comenzó la pesadilla que no termina, en palabras de Jessica, con dos desahucios en apenas seis meses. Tras años entre fogones, a Eduardo le ofrecieron apenas 2.000 euros de indemnización. Se negó a firmar y llevó el despido a los tribunales. Ahí sigue el contencioso, sin resolverse. «Ni siquiera he cobrado todavía nada de paro», explica él. El alquiler dejó de pagarse y en julio llegó el primer desahucio. «Fui a Servicios Sociales, y me dijeron que me buscara la vida», asegura Jessica, que pasó dos semanas con los niños y las maletas en el parque Agustín Rodríguez Sahagún. En esta situación, cuando les ofrecieron un alquiler de 300 euros ni lo dudaron. «Pero un mes después, nos llegó una citación judicial». Descubrieron que el piso era de otra persona, y eso les convertía en okupas. Nada nuevo en el distrito de Tetuán. «Una trabajadora social nos ha dicho que más de la mitad de las personas que atiende viven en una situación ilegal», aseguran desde la asamblea del 15M del barrio, donde ofrecen ayuda a las familias con amenaza de desalojo.

La pareja intentó en las últimas semanas regularizar su situación. Tras dos años sin empleo, Jessica había conseguido un trabajo limpiando portales con los que ingresa 428 euros al mes. El Ayuntamiento les ofrece pasar tres meses en una «residencia de emergencia» compartida. «Pero tres meses pasan rapidito», exclamaba la mujer cuando sólo le quedaba recoger a los niños. A esas horas, el cobijo ya lo había encontrado gracias a la asamblea del 15M.