LOS seis años de austeridad, que han golpeado a la sociedad griega hasta provocar una verdadera crisis humanitaria, se han reflejado de forma especialmente dura entre el más de un millón de inmigrantes sin papeles y solicitantes de asilo político que malviven en todo Grecia.

La recién nombrada Ministra Alternativa de Inmigración, Tasia Christodoulopoulou, ha asegurado que el gobierno de Syriza “concederá la nacionalidad a todos los hijos de extranjeros nacidos y crecidos en el país heleno” pero nada ha trascendido aún sobre qué se va a hacer con los centros de detención de inmigrantes.

Mientras Syriza ha estado en la oposición se ha mostrado en contra de la “demonización de los inmigrantes” y de las “medidas antidemocráticas” como los centros de detención de indocumentados. Además, apuestan por la “agilización de los procesos de solicitudes de asilo político, la concesión de permisos legales que frenen las redes de explotación”, así como “seguridad social, salario igualitario”.

Sin embargo, Syriza gobierna con el apoyo de los Griegos Independientes, un socio de ultraderecha que defiende un discurso antiinmigración, lo que podría condicionar la implementación del programa en esta materia.

Además de la ausencia de ayudas, las redadas masivas, el maltrato policial, las redes de explotación de personas y los ataques xenófobos, los inmigrantes en Grecia son detenidos por su situación irregular y acaban ingresados en los centros de detención por todo el país, detenciones que en muchos casos se alargan hasta los 18 meses o de forma indefinida, hasta que son devueltos a sus países de origen o deportados.

A la entrada del centro Kratisis, en el barrio de Elliniko de Atenas, la abogada Veta Voutsyna certifica que más de 150 mujeres extranjeras, la mayoría de Etiopía, Eritrea, Somalia, Kenia, Sudán y Siria, viven encerradas en condiciones insostenibles. “Se hacinan en habitaciones saturadas de camas, sin higiene, y sin apenas luz natural”, atestigua. “Nunca salen fuera, no tienen ninguna distracción, viven prisioneras. No se les permite tener móvil y su única forma de comunicarse con el exterior es a través del teléfono del centro” confirma. “No hay derecho a que miles de hombres y mujeres sean tratados de esta forma solo por estar en situación ilegal en este país. Los criminales en prisión tienen mejor atención que ellos”, denuncia. “Después de muchos meses encerrados, con lo único que salen es con una orden para abandonar el país en quince días. La mayoría ni siquiera querían quedarse en Grecia antes de ser detenidos, porque saben que la situación en este país es muy difícil, y solo quieren cruzar Europa para llegar a Suecia, Finlandia, Dinamarca o Alemania”, asegura.

Las autoridades griegas, con las ayudas de las ayudas de la UE, corren con los gastos del viaje para quienes aceptan el retorno voluntario a sus países de origen o en casos de deportación forzada, pero muchos detenidos no están dispuestos a retornar y soportan 18 meses de encierro con tal de ser libres después para irse hacia el norte.

El punto débil Grecia está considerado como el punto más fácil de entrada a Occidente y recibe migrantes de Asia, África y Oriente Medio. Más de cien migrantes cruzan la porosa frontera con Turquía por mar y tierra a diario, y se dirigen en su mayoría a Atenas deseosos de encontrar un empleo antes de moverse hacia el norte de Europa.

Según las autoridades griegas, el año pasado, más de 14.000 personas cruzaron en pequeñas embarcaciones el mar Egeo desde Turquía hasta las islas del Dodecaneso. El 90% ellos huía de la guerra en Siria. Uno de ellos es el joven Lawand (nombre ficticio), que huyó de Alepo a finales de 2012 junto a cinco familiares. “Cruzamos la frontera de Turquía e intentamos cruzar en patera a Grecia, pero nos interceptaron los guardacostas. Nos quitaron el dinero, más de 15.000 euros y nos dejaron a la deriva indocumentados cerca de la costa turca”, cuenta este joven editor sirio. Este tipo de actuación, conocido como pushback o devolución en caliente, es una práctica documentada por ONG como la alemana Pro – Asyl, Acnur y Amnistía Internacional, pero las autoridades niegan tener constancia de que estas ilegalidades sucedan. “Muchos pacientes nos han contado que se los empujó de vuelta a Turquía antes de que pudieran llegar a las costas griegas”, afirma Médicos Sin Fronteras en un informe.

En el área de Amigdaleza a diez kilómetros de Atenas están encerrados más de 1.500 inmigrantes y entre ellos se encuentran unos 150 menores, de 10 a 16 años. “En este ‘cinco estrellas’, comparado con otros centros de detención, viven en pequeños contenedores sin calefacción ni agua caliente. Las letrinas y duchas están en un estado deplorable. Apenas hay atención médica, hay ratas, la vida es muy dura. Ha habido huelgas de hambre tras morir gente apaleada sin recibir la atención médica necesaria y cada vez se dan más casos de intentos de suicidio”, asegura Anita Voutsyna.

“Si Syriza es la esperanza del pueblo, deberá tomar medidas para cerrar los centros de detención de inmigrantes y, entre tanto, cumplir con la obligación de proveerles de servicios médicos, una alimentación adecuada, medidas higiénicas, e intérpretes que les faciliten el acceso a abogados y que les ayuden en sus peticiones de asilo”, reclama la abogada.