Donostia – La precariedad laboral y el aumento de la desigualdad son dos de los principales problemas sociales de Euskadi que, aunque los sufre en menor medida que el Estado, tendrá que arbitrar medidas correctoras. Joseba Zalakain, director del SIIS Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga y autor de numerosos estudios sobre pobreza y exclusión social, dependencia y envejecimiento, cree que las políticas de apoyo a las familias son más urgentes que una reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

¿Cuáles son ahora los principales problemas sociales de Euskadi?

- Algunos son evidentes, como el paro, y junto a él, la creciente precariedad laboral. Ahora la cantidad y calidad del empleo son fundamentales desde un punto de vista social por las consecuencias que tienen los empleos malos, discontinuos, mal pagados, a tiempo parcial o encadenando contratos. Y luego hay otro problema grave que es la desigualdad.

¿Hay más desigualdad?

- Lo primero que hay que decir es que en Euskadi la desigualdad todavía es menos grave que en España. Estamos a niveles de los países del norte de Europa, pero la desigualdad ha crecido y, más allá de la pobreza, se está convirtiendo en un problema.

¿Es desigualdad en nivel de renta?

- En España y en Euskadi cuando hablamos de desigualdad nos referimos a la diferencia entre pobres y ricos, pero el problema real no es tanto que los ricos se están haciendo cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, sino que hay una parte de la sociedad, que en Euskadi puede ser incluso hasta la mitad de la población, que vive razonablemente bien, que ha podido escapar relativamente bien de los efectos más negativos de la crisis, mientras que hay otro 50% que cada vez está peor. En Euskadi, como en toda Europa, se puede empezar a hablar de polarización social.

Todo parece indicar que la precariedad laboral va a ir a más, así que es previsible que la desigualdad aumente. ¿Se puede hacer algo?

- Ya se está haciendo algo. La propia RGI es una herramienta muy potente y si no existiera la situación de desigualdad y pobreza sería mucho peor. La RGI, por ejemplo, cada vez llega más a personas con salarios bajos y esa capacidad de complementar ingresos bajos es muy importante. Es verdad que las políticas públicas no deberían orientarse únicamente a paliar la pobreza, sino también la precariedad, y que habría que hacer otras políticas de educación y de empleo que tengan en cuenta esa realidad.

Hay voces que reclaman ajustes y cambios en la RGI. ¿Son necesarios?

- Cuando hablan de RGI, algunos no tienen en cuenta que su problema es que cubre los huecos que dejan un montón de políticas. Cubre la poca política de vivienda o lo mal que ha funcionado el mercado de la vivienda, cubre la escasez de las prestaciones por desempleo – que se deciden a nivel estatal – , que no haya políticas familiares sólidas, las pensiones insuficientes, problemas de regularización de inmigrantes que no pueden trabajar… Lo que tenemos es un sistema que hace de parche de todos los demás. No ha fallado la RGI, sino todo lo demás: el mercado de trabajo, el de vivienda, el apoyo a las familias, el sistema de pensiones, el de desempleo… Y como aquí hemos creado una red de seguridad muy potente, está asumiendo todo, incluyendo el fracaso de las políticas de inmigración.

También se cuestiona el gasto que se está haciendo en RGI.

- Aunque alguien no se lo crea, tenemos un sistema de lo más convencional y comparable a lo que existe en otros países en cuanto a número de personas atendidas y gasto. Algunos que se echan las manos a la cabeza deben saber que lo que se gasta aquí es comparable con Alemania, que no tiene precisamente un gobierno comunista, con Inglaterra, Holanda o Francia. Estamos al mismo nivel y tenemos los mismos problemas.

Todo no será bueno.

- No digo que la RGI no tenga problemas, claro que los tiene y los ha tenido siempre. Pero ha hecho lo que se le pedía: hacer de última red de seguridad. Creo que necesita ajustes, pero desde luego no una impugnación o un cambio radical.

Si las principales críticas no tienen base, ¿por qué ha calado el discurso contra la distribución de la RGI?

- Porque es un mensaje que viene calando desde el siglo XV: hay libros del año 1500 que regulaban a qué pobres se podía ayudar y a cuáles no. Llevamos cinco siglos pensando que hay que ayudar a niños y a mayores, pero no a quien, en teoría, puede valerse por sí mismo, puede trabajar y tiene dos piernas y dos brazos. Es un mensaje que cala muchísimo.

También se han hecho habituales las denuncias de que existe mucho fraude en la percepción de ayudas.

- Siempre hay abusos y tenemos ejemplos hasta la saciedad. Hay abusos en la renta, en la Seguridad Social, en el desempleo… y al final nos encontramos con situaciones patéticas, como un personaje que está acusado de defraudar en el desempleo y a la Seguridad Social que señala a otros. Acusar al más débil es sencillo y este debate tiene mucho de eso. También es verdad que a la gente le cuesta mantener un nivel de vida y ve con recelo que a otros se les ayude a cambio de nada, o de lo que ellos entienden que es a cambio de nada, pero cada partido político verá qué políticas quiere hacer. Yo creo que la RGI ha funcionado muy bien y ha evitado muchísima pobreza. A quienes dicen que la RGI es cara les planteo que prueben a ver cómo de caro sale no tenerla.

¿En qué sentido deben ir las reformas del sistema de ayudas?

- Es urgente hacer un cambio en las políticas sociales para favorecer la natalidad y la inversión en la infancia. Las políticas sociales vascas están poco orientadas a las familias y a la infancia. Habría que hacer un cambio en las prestaciones económicas de apoyo a las familias. La mayor diferencia entre Euskadi y países del norte de Europa es que aquí no hay una prestación económica universal o casi universal por hijo a cargo. Contamos con desgravaciones fiscales que benefician a las familias de clase media o media – baja hacia arriba, pero no a quienes no hacen la declaración de la renta. Es importante crear una prestación universal. También habría que reforzar la apuesta por la educación, por una escuela inclusiva, muy orientada a no dejar a nadie atrás. La reinversión en educación y en atención infantil es urgente porque hay un tema relacionado con la desigualdad muy preocupante, y es que empieza a haber grandes diferencias en función de en qué familia has nacido. La posibilidad de ascenso social es más difícil y el peso de la herencia familiar es cada vez mayor.

Parece que en política familiar queda mucho por hacer.

- Yo diría que sí hay un interés de casi todos los partidos en reformular las políticas de familia y que a ninguno se le escapa que hace diez años se hizo una apuesta importante, pero insuficiente. Pero darle la vuelta a las políticas sociales no es tan fácil y en este caso tenemos un problema grave: que no tenemos competencias en materia de Seguridad Social, cuando en la mayor parte de los países de nuestro entorno estas políticas las hace la Seguridad Social. Tanto el Gobierno como las diputaciones tienen clara la necesidad, otra cosa es saber cómo y tener recursos para ese cambio.