donostia – El PP de Gipuzkoa se suma al carro del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, en su cruzada sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Así lo anunció ayer el número dos de la formación en el territorio y portavoz popular en las Juntas, Juan Carlos Cano, tras comunicar que el miércoles se reunió con representantes de Ayudas Más Justas – que recoge firmas para una iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la RGI – y que respalda la campaña que lleva a cabo la plataforma: “Pueden contar con nosotros”.

Más aún, el dirigente popular cargó contra el resto de partidos, en especial el PNV, a quienes exigió “una respuesta acorde a la percepción de preocupación que tenemos los vascos en torno al funcionamiento de estas ayudas”. Sin datos del fraude que denuncian que existe en el territorio guipuzcoano – “es conocida la dificultad que tenemos de acceder a los datos, porque los maneja Bildu, aunque nos dicen que no hay diferencias signficativas entre los territorios” – , Cano fundamentó su “posicionamiento político” en una reciente encuesta publicada por Vocento.

A su entender es “absolutamente intolerable que más del 80% de los vascos pensemos que el procedimiento de concesión de la RGI está fallando y que ningún partido, excepto el PP, esté dispuesto a alzar la voz y, mucho menos, a tomar medidas”.

“Pedimos que el dinero llegue a quien lo necesita”, defendió un Cano que reclamó “unos requerimientos justos y un control adecuado”. Según quiso denunciar, no tiene acceso a la RGI “una viuda simplemente porque tiene una pequeña huerta en su pueblo, y tiene total permisividad de concesión quien ha delinquido”.

El portavoz popular dijo que no quería hacer distinciones sobre el origen de los defraudadores de la RGI – Maroto arrancó en verano esta campaña con marroquíes y argelinos en el centro de sus críticas – , pero en su intervención Cano deslizó que el PP no consentirá “que Euskadi sea el faro que atraiga como la miel a las moscas a quienes quieren vivir sin pegar un palo al agua en su vida, que sin intención de trabajar cobren 800 euros de todos los guipuzcoanos”.

Cuestionado por cómo definir legalmente el perfil de quienes “quieren vivir sin vivir un palo al agua”, el portavoz del PP prefirió remitirse al texto de la ILP, donde se propone elevar el plazo de acceso a la RGI de tres a cinco años y excluir de las ayudas a todos aquellos condenados con delitos desde terroristas hasta hurtos.

Las ayudas sobre la mesa En un debate marcado a las claras por la inminencia de varias citas electorales, la cuestión de la RGI no solo estuvo ayer en la sala de prensa del PP guipuzcoano. Poco después, y a propuesta de Bildu, el pleno del Ayuntamiento de Donostia discutió sobre las ayudas sociales, con un enfrentamiento entre la coalición – con el alcalde, Juan Karlos Izagirre al frente – y el PP, que acabó con el anuncio de querella criminal de su portavoz, Ramón Gómez, contra Izagirre tras acusar al PP de recibir “a tiros” a los inmigrantes en Ceuta y Melilla.

Esta tensión política, que promete continuar en las próximas semanas, arrancó a mediados de julio, cuando el primer edil de Vitoria dijo que había “gente que está hasta el rabo de la boina” de un “fraude” en cuyo centro el alcalde situó a argelinos y marroquíes que “no tienen ningún interés en trabajar o integrarse”. Meses después, Maroto contribuye a la recogida de firmas, como el pasado martes a las 9.30 horas frente al Hospital Universitario de Vitoria, tal y como reveló Diario Noticias de Álava el miércoles.

El máximo representante de los vitorianos se ha puesto al frente de la campaña – que estos días pasa por Irun y Donostia – después de que Gara denunciara que el promotor de la plataforma, Patxi Gómez, había defraudado a la Seguridad Social. Ayer, y enarbolando la bandera de estar “hartos de lo políticamente correcto” que como Cano pronunció ayer la número dos del PP de la CAV, Nerea Llanos, los populares guipuzcoanos se han sumado a Maroto.