madrid – El PSOE, IU – ICV, UPyD y el PNV solicitaron ayer la comparecencia del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en el Congreso de los Diputados para detallar sus planes al frente de la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) después de que el Tribunal Supremo haya anulado cuatro de sus artículos por entender que contradicen el derecho europeo, la Ley de Extranjería y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En concreto, elimina el artículo que permitía los registros personales de los inmigrantes, con la posibilidad de efectuar un desnudo integral; dos que no reconocían como tal el derecho de las familias internadas a residir juntas en el mismo alojamiento; y otro que permite volver a internar a una persona sin que se produzca nueva orden de expulsión, algo contrario a la Ley de Extranjería.

De esta forma se admitieron los recursos de SOS Racismo, la Federación Andalucía Acoge y la Asociación Proderechos humanos contra el Reglamento, aprobado en marzo de 2014, con cuatro años de retraso respecto del mandato de la Ley de Extranjería. Desde el departamento que dirige Fernández Díaz aseguraron que “se estudiará” la sentencia, cuyo contenido se publicará en los próximos días.

La secretaria de Inmigración de la Ejecutiva Federal del PSOE, Eva Matarín, exigió al Gobierno “que rectifique y que respete derechos” en los CIE, en las fronteras, en los hospitales, porque “aunque no les guste”, en España el Ejecutivo está obligado a garantizar los derechos de los ciudadanos.

críticas “El Gobierno hizo oídos sordos a la propuesta de reglamento elaborada en el año 2012 por el PSOE, en la que se indicaba la exigencia de garantizar la unidad familiar y es vergonzoso, en cuanto a garantía de derechos ciudadanos, como de imagen de un país, que tenga que ser el Supremo quien ponga fin a este funcionamiento”, valoró.

A su juicio, el Gobierno actúa tratando a los inmigrantes como “objetos de sus propios prejuicios”. Por todo ello, anunció que próximamente el PSOE iniciará una batería de iniciativas parlamentarias exigiendo al Ejecutivo popular que respete los derechos de los inmigrantes.

El portavoz de Interior de IU en el Congreso, Ricardo Sixto, destacó que esta sentencia del Supremo cuestiona la política de inmigración del Gobierno en general y de los CIE en particular.

“El reglamento del PP pretendía legalizar determinadas prácticas que son contrarias a los derechos de las personas retenidas en los CIE. Para nosotros el mejor CIE es el que quede clausurado. El Gobierno debe cambiar su política de criminalizar la inmigración”, sentenció el parlamentario de izquierdas.

Al mismo tiempo, los eurodiputados de IU – ICV Ernest Urtasun y Marina Albiol esperan que esta sentencia represente el “primer paso” para que los internos mejoren sus condiciones hasta que no se consiga cerrar este tipo de centros.

Ambos manifestaron su intención para trabajar desde el Parlamento Europeo en el cierre de “estas cárceles para inmigrantes” y tumbar la directiva europea de inmigración “de la vergüenza” y que “tumba los derechos humanos”.

Urtasun y Albiol hicieron estas declaraciones poco después de que visitaran el CETI de Melilla para presionar contra las devoluciones en caliente y la vulneración sistemática de derechos humanos en la frontera.

El PNV señaló que han solicitado la comparecencia del ministro para que explique su posición con respecto a la sentencia del TS que “desautoriza el reglamento de los CIE”.

Mientras, ayer el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), consideró que no se puede hablar de “devoluciones en caliente” sino de “rechazos en frontera” a la hora de contener a los inmigrantes subsaharianos que intentan entrar en la ciudad.

Juan Jesús Vivas aseguró que a la hora de referirse a este fenómeno migratorio hay que ser “objetivos y fieles a la realidad”. El presidente ceutí dijo que “está el derecho de acogida pero hay otro derecho que es el de guardar la seguridad de la frontera”, en relación a los asaltos masivos de inmigrantes subsaharianos. – E.P./Efe

los datos

Inmigrantes residentes de larga duración. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Maciej Szpunar afirmó ayer que va contra el principio de proporcionalidad del Derecho europeo que un inmigrante extracomunitario residente de larga duración en un Estado miembro tenga que aprobar un examen de integración en la sociedad.

La obligación de integración no puede dificultar los derechos. Las disposiciones nacionales deben respetar el principio de proporcionalidad, por lo que la obligación de integración “no puede dificultar de manera desproporcionada el ejercicio de los derechos derivados de dicho estatuto por los residentes de larga duración”.

Dos nuevas denuncias contra la Guardia Civil. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, que investiga las devoluciones sumarias de inmigrantes a pie de valla, admitió ayer a trámite dos denuncias más sobre la actuación de la Guardia Civil en dos saltos de la valla que tuvieron lugar en agosto y octubre y las ha acumulado en la misma causa.

Un vídeo muestra cómo seis inmigrantes eran golpeados. Un vídeo de Prodein muestra lo sucedido en el salto de la valla del pasado 13 de agosto, donde se veía cómo al menos seis inmigrantes eran golpeados mientras se les devolvía a Marruecos por la puerta de servicio de la valla.