Izquierda Plural (IU – ICV – CHA), el PNV y gran parte del Grupo Mixto del Congreso (Amaiur, Esquerra Republicana, el BNG, Coalición Canaria – Nueva Canarias y Geroa Bai) han registrado una proposición no de ley en el Congreso urgiendo al Gobierno a reconsiderar su decisión de denegar el asilo al activista saharaui Hassana Aalia, un joven de 26 años que fue condenado por un Tribunal Militar marroquí a cadena perpetua en febrero de 2013.

MADRID. Con la iniciativa conjunta que han registrado en el Congreso, a
la que ha tenido acceso Europa Press, los partidos firmantes pretenden
que la Cámara muestre su apoyo y solidaridad a Aalia e inste al Gobierno
a reconsiderar la solicitud su solicitud de asilo y dejar en suspenso
la orden de salida del territorio español que pesa contra él y que vence
el próximo miércoles, 4 de febrero.

Aalia está en España desde 2011, año en que llegó a Bilbao para
estudiar con una beca. Cuando le quedaban dos meses para volver a El
Aaiún, Marruecos emitió una orden de busca y captura contra él por haber
participado en 2010 en Gdeim Izik, el campamento de protesta pacífica
que fue desmantelado por el Ejército marroquí de forma violenta en
noviembre de aquel año. Y, en esa tesitura, decidió no volver a su
tierra.

El joven activista ya había sido juzgado por sumarse a esa protesta,
siendo condenado a cuatro meses de prisión sin ejecución, pero el 17 de
marzo de 2013 el Tribunal Militar de Rabat emitió sentencia contra 25
civiles acusados de haber organizado el campamento, entre ellos Aalia
quien, al estar en el Estado español, fue juzgado en rebeldía y condenado a cadena
perpetua.

Varios organismos como la Comisión de Asuntos Exteriores del
Parlamento Europeo, la Fundación Sahara Occidental, Human Rights Watch y
Amnistía Internacional han denunciado que el juicio del tribunal
militar no contó con las suficientes garantías y al Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) ha pedido protección para
Aalia.

ESPAÑA ASUME LA SENTENCIA MARROQUI

Sin embargo, el pasado 19 de enero el Ministerio del Interior denegó
su petición de asilo y emitió una orden de salida del territorio
nacional en un plazo máximo de 15 días. Esa resolución, según los
partidos que han impulsado la proposición no de ley, reconoce que Aalia y
a la Asociación Saharaui de Víctimas de violaciones de Derechos Humanos
a la que pertenece desarrollan sus acciones de manera pacífica e
incluso que ha sido maltratado en varias ocasiones por la Policía
marroquí.

Pese a todo, Interior no cuestiona la sentencia del Tribunal Militar
de Rabat y le deniega el asilo, una medida que los grupos firmantes de
la iniciativa reclaman que sea reconsiderada puesto que si Aalia vuelve a
su país “será duramente castigado por Marruecos y no volverá a salir de
prisión en lo que le queda de vida”.

Por su parte, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) no ha suscrito la
proposición no de ley, pero sí ha registrado unas preguntas escritas al
Gobierno en el Congreso interesándose por el caso de Aalia.

UPyD PIDE CUENTAS A INTERIOR

En concreto, la portavoz de Exteriores de la formación magenta, Irene
Lozano, quiere saber qué criterios siguió el Ministerio del Interior
para denegar la solicitud de asilo y si no cree que el Gobierno que con
esa decisión avala “de forma tácita” la condena impuesta por el tribunal
militar marroquí.

Desde que el pasado 20 de enero se hiciese pública la negativa de la
Administración española, se han sucedido diversas muestras de apoyo
tanto de partidos políticos como de organizaciones de la sociedad civil,
como el llamamiento de la asociación ‘Sáhara Libre’, que ha convocado
para este viernes una huelga de hambre colectiva en el aeropuerto
madrileño Adolfo Suárez – Barajas con objetivo de forzar al Ejecutivo a
reconocer a Aalia el estatuto de refugiado e intentar que no sea
deportado el próximo día 4 de febrero.