pamplona – Las graves carencias y las “inadecuaciones” de los servicios de Urgencias hospitalarias los convierten en una de las áreas asistenciales “donde mayor es el riesgo para la seguridad de los pacientes y donde, debido a su saturación, aumenta el riesgo de error humano, de morbilidad y mortalidad”. Así lo pone de manifiesto el informe Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes, presentado ayer por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y elaborado junto con los defensores y especialistas de Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias, CAV, Aragón, C. Valenciana, Castilla y León y Navarra.

El informe, que recoge las aportaciones y conclusiones a las que se llegó en unas jornadas celebradas en Pamplona, Sevilla y Madrid, sale a luz precisamente después de que 337 trabajadores de las Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) denunciaran públicamente “caos” , “saturación” y “malas condiciones en las que trabaja la plantilla”, así como deficiencias del edificio que al ser diseñado para acoger las Urgencias del Hospital de Navarra y no del CHN, es insuficiente.

El informe de las defensorías del pueblo señala que los servicios de Urgencias presentan “inadecuaciones” algunas tan serias como que los médicos residentes “asuman un grado excesivo de responsabilidad” cuando su labor en este servicio es de rotación en el marco de su formación, o que, por las condiciones laborales, sean “entornos de riesgo por estrés o de desarrollo del síndrome del trabajador quemado (burnout)”. Plantean la necesidad de que haya más trabajadores sociales expertos en atender situaciones de vulnerabilidad.

Alertan del problema de saturación que plantea ubicar a los pacientes en Urgencias, entre la primera atención y hasta que se procede a su hospitalización, y por ello exigen “un uso generalizado y homologable de los métodos de triaje con una evaluación rápida que permita dar prioridad a quien necesita atención urgente.

Los defensores denuncian la falta de garantía de la privacidad y la intimidad de los pacientes, tanto por la estructura del servicio como por “la todavía insuficiente cultura de respeto a la privacidad en el medio hospitalario”, y exigen mayor ajuste entre Urgencias y el resto de servicios para optimizar las listas de espera, la demanda de hospitalizaciones y la gestión de camas.

Los defensores dicen que se asume una significativa incidencia de efectos adversos en el servicio, evitables en buena parte, pero que no se denuncian por falta de sensibilización o temor a consecuencias jurídicas. Por último, recuerdan que los inmigrantes sin papeles tienen derecho a ser atendidos y, además, hasta que se les de el alta médica; aconsejan que las personas “especialmente frágiles” puedan estar acompañadas por algún familiar; y tener en cuenta el envejecimiento de la población para evitar la hiperfrecuentación innecesaria de pacientes crónicos. – L.C.

mejoras

Los defensores exigen: La presencia y suficiencia de profesionales adecuados en todas las franjas horarias, sin abusar del médico residente; definir una especialidad médica y de enfermería de urgencias y emergencias que forme a estos profesionales y delimite sus competencias clínicas, así como mayor formación en aspectos éticos.