Algún día, el pequeño Dylan podrá ver con sus propios ojos cómo salió de su primer y efímero hogar.

Uno de los 30 activistas que pasaron la noche en el piso de su familia, en el Ensanche de Vallecas, grabó toda la escena.

En un futuro escuchará al abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), parapetado tras un frigorífico que bloqueaba la puerta de casa, pidiendo clemencia a voces. «¡Estáis vulnerando los derechos humanos!».

Tras el ruego, sonará el estruendo de una sierra radial, anticipo del golpe de ariete y la entrada de varios policías, como dispuestos para un asalto, protegidos con casco y armadura corporal. Después, un desfile de personas camino a la calle como desenlace.

Entre ellas el propio Dylan, diminuto en brazos de su madre, rumbo a la fría intemperie de enero. Vino al mundo hace tan sólo mes y medio, y ya sabe lo que es un desahucio. El fondo buitre Fidere (filial del fondo de inversión estadounidense Blackstone, que cotiza en Wall Street) fue ayer implacable con la familia del bebé, que residía en una de las centenares de viviendas públicas que el Ayuntamiento de Madrid ha vendido en estos años.

El piso, ubicado en un bloque de la avenida de las Suertes frente al centro comercial La Gavia, fue entregado en 2009 a Wilson Ruilova, padre de la criatura, en régimen de alquiler por 480 euros al mes. Entonces, el inmueble pertenecía a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid. Tras la venta a Fidere, la mensualidad se disparó a los 700 euros. «Mi último trabajo fijo fue hace cinco años», explica Wilson a EL MUNDO en el hostal del barrio de Entrevías que cobija provisionalmente a su familia.

Ecuatoriano de 35 años, llegó a España hace tres lustros. Ha trabajado desde entonces de electricista y albañil. También como empleado de hostelería y en una fábrica de plásticos hasta que se quedó en paro.

Su mujer, Cecilia, auxiliar de geriatría, tampoco tiene trabajo. Ahora viven con un subsidio de 390 euros. Además de Dylan, la pareja tiene otros dos hijos de siete y 16 años, y acumula una deuda de 18.000 euros con el fondo buitre.

«Tuve que dejar de pagar, pero he intentado negociar con Fidere una rebaja del alquiler. Ha sido imposible», relata Wilson. «La última vez que rechazaron negociar me dijeron que les había hecho mucho daño por salir en televisión contando mi situación».

«Está ocurriendo todos los días. Y Fidere siempre responde que no es una empresa social», añade Manuel San Pastor, de la PAH.

La semana pasada, también en Vallecas, el fondo buitre desahuciaba a José Antonio, desempleado con un 65% de discapacidad, y a su hijo, menor de edad. Como la familia de Wilson, residían en una vivienda de la EMVS vendida a Fidere. Hace un par de semanas, y ante el inminente desahucio (después paralizado) de una familia del barrio de San Fermín, la empresa pública madrileña aseguraba que ya no se producen desahucios por impago.

«Esta vez ha vuelto a ser sangrante, porque en el dispositivo había más de 50 policías para echar a una familia con un bebé», denuncia el activista. Ayer, tras el desalojo, el Samur Social del Ayuntamiento de Madrid ofreció a la familia de Wilson pernoctar en un hostal, y la estancia podría prolongarse varios días.

Es la paradoja del gobierno municipal de Ana Botella: primero arroja a los inquilinos al fondo buitre, y cuando son desahuciados sale al rescate con sus Servicios Sociales. Wilson afirma que el Ayuntamiento le denegó un alquiler social en otra vivienda de la EMVS por ser «moroso» de Fidere. Ahora, sin embargo, le tiende la mano. «Ya nos han dicho los trabajadores sociales que no podemos quedarnos en las calle con un bebé tan pequeño, que habrá que buscar una solución», dice el padre de familia, expectante, desde el hostal.