El diálogo lo inicia el funcionario de
la cárcel de Brieva (Ávila) y es, según
la reclusa, aproximadamente así:
– ¿Qué te parece si hacemos un
día de estos un trío tu novia, tú y yo?
– ¿Cómo? No entiendo.
– Sí, mujer, el otro día ella y yo
echamos un polvo, uno rapidito.
De aquella situación –la bronca
posterior de la presa con su novia,
que le admite haber tenido sexo no
consentido con el funcionario, y
otras denuncias– emerge un proceso,
iniciado por Instituciones Penitenciarias,
que desemboca este viernes
en el juzgado de Instrucción 2 de
Ávila, donde cuatro funcionarios declararán
como imputados por abusos
sexuales a siete reclusas.
Una suerte de psicodrama carcelario
que incluye, según una de las
denunciantes citada por fuentes del
penal, noches de celdas abiertas, sexo,
alcohol y hachís proporcionado
por trabajadores del centro, un director
que se opone a enterrar los presuntos
abusos y hasta una presa celestina
que casa a reclusas y funcionarios
y que, siempre según fuentes
del propio centro, habría declarado a
la inspección que Brieva es «un folladero
» de condenadas y trabajadores.
La historia comienza el 7 de noviembre
de 2013, cuando una presa
denuncia a uno de los cuatro funcionarios
por forzarla sexualmente. El
caso llega a Instrucción 2 de Ávila,
pero la mujer se retracta y retira la
denuncia. El 30 de enero de 2014,
nueva denuncia contra el mismo
funcionario. Una presa brasileña denuncia
que el hombre le ha propuesto
un trío tras haber abusado de su
novia. La dirección investiga y surgen
nuevas denuncias, casi todas de
extranjeras. La primera brasileña
denuncia también haber sido forzada
por otro trabajador, otra chica admite
sexo a cambio de chocolatinas
con otro (luego denuncia haber sido
forzada), y uno más lleva a las chicas,
dicen ellas, alcohol y hachís.
Éste último, según un testimonio
recogido por la inspección de Instituciones
Penitenciarias, le da a una
chica 80 euros a cambio de sexo (ella
acepta pero el acceso carnal no llega
a tener lugar), y le ofrece incluso su
casa en Salamanca cuando salga de
permiso. La chica que hace de celestina,
que asegura no haber tenido sexo
con ninguno de los cuatro funcionarios
por ser lesbiana, afirma que
uno de los imputados oscila entre
hacer regalos a las chicas (perfumes,
hachís, tarjetas para teléfonos), y rozarse
y sobar circunstancialmente a
las mujeres. El teléfono móvil está
prohibido en las cárceles, pero es
vox populi que muchos reclusos los
tienen, y los introducen en los centros
a veces por vía rectal.
Cada uno de los imputados utiliza
con sus presuntas víctimas, según
fuentes del penal, un estilo diferente:
mientras que uno es autoritario
y otro puede ser amistoso,
las denuncias contra un tercero refieren
buen número de relaciones
forzadas, y complica su situación el
hecho de que su mujer es también
funcionaria de prisiones.
Emerge en las primeras declaraciones
de las mujeres la participación
en los abusos de un cuarto funcionario,
y también la confusión de
algunas de las denunciantes, que explican
que en alguna ocasión «las
presas se aprovechan de los funcionarios
»: la ambigüedad de las relaciones
de poder en una cárcel de
mujeres se pone de manifiesto («para
ellas tener un trabajo en prisión lo
cambia todo»), y no faltan casos en
que un funcionario es perseguido para
tener sexo por una reclusa. Al
igual que sucede en los penales masculinos,
mujeres en principio heterosexuales
entablan habitualmente relaciones
homosexuales con compañeras
con total normalidad, mientras
siguen recibiendo la visita de su marido
y sus hijos, con quienes regresan
también al cumplir condena.
Los presuntos abusos de Brieva
son muy variopintos. A una presa
uno de los imputados le instala un televisor
en la celda. «¿Y qué me vas a
dar a cambio?», le suelta él, que le estampa
un beso en la boca. La mujer
no denuncia, pero lo declara más tarde
a la Inspección. La propia celestina
admite en su declaración ante
Instituciones Penitenciarias que su
novia mantuvo una relación con el
encargado de mantenimiento, omnipresente
en cada rincón del centro.
El viernes, en Ávila, declaran los
cuatro funcionarios imputados.