Los Defensores del Pueblo han denunciado los problemas que actualmente
tienen los discapacitados, enfermos mentales, menores e inmigrantes en
situación irregular en los servicios de urgencias hospitalarias, tal y
como queda recogido en el estudio ‘Las urgencias hospitalarias en el
Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes’.

MADRID. El estudio, presentado este lunes, ha sido elaborado
conjuntamente por las instituciones españolas de defensores del pueblo:
Defensor del Pueblo; Defensor del Pueblo Andaluz; Síndic de Greuges de
Catalunya; Valedor do Pobo (Galicia); Diputado del Común (Canarias);
Ararteko (País Vasco); El Justicia de Aragón; Síndic de Greuges de la
Comunitat Valenciana; Procurador del Común de Castilla y León y Defensor
del Pueblo de Navarra.

Antes de ahondar en los pacientes, el informe critica que siga
sin estar reconocida la especialidad médica de Urgencias y Emergencias
porque, a su juicio, perjudica la atención que reciben los pacientes y
hace que estos profesionales no tengan delimitado el alcance de sus
competencias clínicas.

Además, prosigue, hace que los médicos residentes tengan que
asumir un grado “excesivo” de responsabilidad en la actividad
asistencial de estos servicios. Del mismo modo, el estudio señala que la
formación de los expertos sanitarios sobre los aspectos éticos
relacionados con la voluntad de las personas es “insuficiente” ya que,
tal y como avisa, el consentimiento del paciente no siempre está
precedido de la información “adecuada” para que éste pueda adoptar
“libremente” una decisión sobre un procedimiento terapéutico o
diagnóstico.

A todo ello se suma, según muestra el trabajo, el “alto
contenido técnico” de algunos modelos para la prestación de
consentimiento informado, lo que hace que la atención a personas
discapacitadas se resienta. En este sentido, la Defensora del Pueblo
destaca la necesidad de realizar documentos específicos para la
prestación del consentimiento adaptados a las necesidades “especiales”
de cada uno de los colectivos.

Asimismo, subraya la importancia de que los métodos de traije
implantados en “buena parte” de los servicios de urgencias hospitalarias
incluyan, en el caso de los pacientes pediátricos, personas mayores,
enfermos mentales o discapacitados información “no estrictamente
clínica” que ayude a la “mejor” asistencia a estos usuarios.

A este respecto, el informe advierte de que la atención a
estos pacientes en las área de Urgencias requiere profesionales formados
de manera “específica” en el trato y en los requerimientos
asistenciales de cada uno de ellos.

“Las personas con discapacidad, especialmente los afectados
por discapacidades sensoriales, ven frecuentemente limitada su capacidad
de interlocución en estos servicios, por la carencia de medios
adecuados de comunicación. También, persisten carencias significativas
sobre accesibilidad y disponibilidad de material adaptado”, apostilla.

En el caso de las personas mayores, en el estudio se aboga por
mejorar la coordinación entre los servicios de urgencias hospitalarias y
los servicios extrahospitalarios para evitar la “innecesaria”
polimedicación, y destaca la necesidad de imponer la identificación
previa de las necesidades de estas personas para gestionar su atención
sanitaria en los niveles “más próximos a su entorno”.

Ahora bien, pese a ello, alerta del bajo nivel de
notificaciones de incidencias por parte de los pacientes en estos
servicios, achacándolo a la “falta” de sensibilización en materia de
seguridad y al temor a posibles consecuencias jurídicos.

EL ALTA MÉDICA NO ES EL ALTA DE URGENCIAS Si se analiza
la atención que reciben en estos servicios los inmigrantes en situación
irregular, la Defensora del Pueblo avisa de que este derecho que tienen
reconocido en la ley en ocasiones se ve “dificultado” por prácticas
administrativas que general “inquietud” y tienen “efectos disuasorios”.

En este punto, insiste en la importancia de mejorar la
formación de los profesionales sanitarios, “evitar” la emisión
“prematura” de compromisos de pago y facturas y, al mismo tiempo, buscar
que la constatación de la falta de residencia legal pueda realizarse de
manera “ágil” a través de los servicios de trabajo social de los
propios centros.

Dicho esto, recuerda que el alta médica “no debe confundirse”
con el alta de Urgencias, por lo que asegura que la asistencia sanitaria
prestada a este colectivo debe prolongarse “más allá” de la actuación
de urgencias y hasta que se resuelvan los problemas que dieron lugar a
dicha urgencia.

ERRORES EN LOS SERVICIOS Por otra parte, el informe
muestra el “escaso” avance que se ha producido en la incorporación de
estándares homologados de diseño y distribución de espacios, así como en
dar valor a las propuestas planteadas por los profesionales de los
propios servicios y representantes de los pacientes.

También, avisa de que el establecimiento de dependencias en
las que permanecen los pacientes en espera de hospitalización no deben
considerarse un sistema “eficaz” porque la permanencia allí de los
enfermos con indicación de ingreso “perturba” la gestión del servicio.

Además, lamenta que aún no se haya completado la implantación
de la historia clínica electrónica y la compatibilidad entre las
plataformas TIC de los servicios sanitarios de las distintas comunidades
autónomas, y recuerda que los esfuerzos que realizan las autonomías en
este sentido deben ir acompañados de herramientas “eficaces” de
coordinación, cuyo impulso corresponde al Gobierno.

Del mismo, apuesta porque sean los cuadros de mando quienes
establezcan los tiempos y fases de atención al paciente en Urgencias
porque, a su juicio, facilitaría una atención “más eficaz”. “Las
aplicaciones informáticas implantadas en la mayoría de los centros no
tienen en cuenta los requerimientos específicos de la atención urgente, y
son percibidas por el personal como una tarea añadida más que como un
apoyo a su función. Las dificultades de manejo de algunas de estas
aplicaciones pueden incrementar los riesgos para la actividad
asistencial”, apostilla.

Asimismo, el informe advierte de que la presencia y
suficiencia de profesionales adecuados debería estar “garantizada” en
todas las franjas horarias y lamenta que las listas de espera ocasiones
“frecuentes desajustes” entre la programación de la actividad
especializada y las demandas de hospitalización provenientes de los
servicios de Urgencias.

Por este motivo, aconseja introducir en la práctica
hospitalaria prioridades orientadas hacia la optimización de la gestión
de camas, para lo que, a su entender, también habría que tener en cuenta
a los responsables de Urgencias por su “capacidad” para anticipar la
demanda previsible.

“Si se atiende a pacientes de una comunidad autónoma distinta existen
dificultades para acceder a su historia clínica y, desde ésta, a la
declaración de voluntad anticipada. La situación de saturación de las
Urgencias incrementan el riesgo de error humano y el aumento de la
morbimortalidad”, son otros de los problemas detectados por la
organización.