El Instituto Nacional de Estadística (INE) remitió ayer un informe al Ayuntamiento de Gandia a través del cual se le comunica que se han desestimado 180 solicitudes de inmigrantes para inscribirse en el censo electoral por «no estar diligenciadas» o bien cursadas «por el consistorio». El gobierno municipal asegura que todos estos expedientes «irregulares» los tramitó el PSPV para ganarse el voto en los próximos comicios.

El alcalde de Gandia, Arturo Torró, llegó a anunciar el miércoles una querella contra la secretaria general y candidata socialista, Diana Morant, por «el mayor fraude de búsqueda de votos de la historia de la ciudad».

El gobierno municipal culpó al PSPV de falsificación documental y fraude electoral después de que la concejala Liduvina Gil presentara a finales de año en las oficinas del Centro Social del Grau alrededor de 180 expedientes de demanda de inscripción en el censo electoral correspondientes a inmigrantes. No le acompañó ninguno de ellos puesto que, según subrayó, ella consideraba que el trámite se podía realizar sin estar ellos presente.

La delegada provincial de este organismo, Carmen Rivas, deja claro en el escrito que los extranjeros con intención de votar en las elecciones municipales de mayo deberían haber presentado la solicitud «personalmente», identificándose con su tarjeta de identidad.

El escrito añade que de las 180 solicitudes, seis estaban presentadas por los interesados y la documentación era correcta. Sin embargo, también se han desestimado «por faltar la diligencia del ayuntamiento», es decir, el visto bueno del secretario y el alcalde, según explicaron ayer desde el ejecutivo local.

En este caso la oficina da un plazo de hasta el 30 de enero para su rectificación. Torró denunció que en los escritos había firmas falsificadas y que esos expedientes no se podían cursar sin estar la persona que deseaba registrarse en el censo.

Además, había numerosas incidencias como firmas diferentes entre la solicitud y el DNI; varios impresos rellenados por un mismo tipo de letra; falta de firma y sello de validación; borrones con típex o teléfonos anotados con lápiz en las fotocopias. Pese a todas las irregularidades, las funcionarias tramitaron los expedientes y se remitieron al INE.

Según remarcaron ayer desde el ejecutivo local, en una semana aproximadamente el INE comunicará al ayuntamiento cuáles han sido exactamente las irregularidades en esos expedientes que, como han reconocido los propios funcionarios de la oficina del Grau ante el alcalde y ante el secretario general del ayuntamiento, fueron presentados por miembros del grupo municipal socialista.

Torró señaló ayer: «El PP nunca manipulará a los extranjeros y nunca se ha falsificado documentación como, presuntamente, han hecho los socialistas».

Los socialistas negaron cualquier ilegalidad en todo este proceso y apuntaron que se trata de una acción «desesperada» de Torró, «que está trastornado porque sabe que nuestra ciudad ya no se fía de él».

Desde Compromís quisieron desmarcarse ayer «del juego sucio del PP y PSPV». La portavoz nacionalista, Lorena Milvaques, explicó que las irregularidades detectadas en el censo electoral se han de denunciar donde corresponde y no utilizarlas con fines electoralistas. «La ciudadanía no se merece el espectáculo que los dos partidos están ofreciendo sobre la comercialización de votos». Estos, a juicio de Milvaques, no se compran; «se ganan con el trabajo, propuestas, participación y escuchando y solucionando los problemas de la gente». Compromís pidió al alcalde que deje libre de toda sospecha al funcionariado del ayuntamiento y que respete su trabajo e independencia.