España elaborará y adoptará un plan nacional de derechos humanos, según ha anunciado hoy el secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este organismo somete hoy a España al escrutinio del Examen Periódico Universal (EPU), la evaluación sobre el cumplimiento de los derechos humanos que se realiza a los 193 miembros de las Naciones Unidas.

Es la segunda vez que España se somete al EPU, después de la anterior de 2010, y como el propio Ybáñez ha recordado, en esa ocasión muchas de las recomendaciones realizadas por el resto de Estados se referían a la ausencia de dicho plan global. “Es la intención del Gobierno adoptar un nuevo plan, esta vez no vinculado a ninguna legislatura, sino que tenga un horizonte temporal más amplio, que ponga de manifiesto que el compromiso con los derechos humanos no depende de cambios de gobierno, sino que es una verdadera política de Estado, independiente del signo del partido que esté en el poder en cada momento”, ha afirmado Ybáñez.

En su intervención, Ybáñez ha hecho hincapié en que las medidas de ajuste presupuestario adoptadas para hacer frente a la crisis económica no han afectado al sistema del bienestar. La víspera, varias ONGs, entre ellas Amnistía Internacional, han criticado en un foro público que las medidas de ajuste habían afectado gravemente y sobre todo a la población más desfavorecida, y que la pobreza y la desigualdad se habían incrementado.

Las ONG han recordado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitió una resolución en la que criticaba las consecuencias de estas políticas de ajuste y recordaba que estas debían ser proporcionales, no regresivas, no discriminatorias, temporales y necesarias.

“Esto se ha cumplido cabalmente en España y el efecto positivo de las duras medidas adoptadas con claros signos de recuperación económica nos permiten ahora vislumbrar un futuro mucho más esperanzador que nos va a posibilitar dar un nuevo impulso a muchas de las políticas activas que se habían venido desarrollando en el pasado”, ha afirmado Ybáñez.

El secretario de Estado ha asumido, no obstante, que “los índices de pobreza infantil siempre fueron comparativamente altos en España, pero la disminución de los ingresos por familia como consecuencia de la crisis económica y el impacto del desempleo en las familias han supuesto un castigo al que el Gobierno está intentando hacer frente”.

Sobre inmigración

Según Unicef, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor número de niños, 2,7 millones, en riesgo de pobreza.

Ybáñez ha asumido que varios órganos de Naciones Unidas han mostrado preocupación por los Centros de Internamiento de Extranjeros, y especialmente a los situados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, urbes “que están siendo objeto de una extraordinaria presión migratoria”.

El secretario de Estado ha reconocido que estos centros están sobreocupados, pero no dio cifras al respecto, aunque algunas fuentes indican que la ocupación cuadriplica su capacidad.

Con respecto a las críticas respecto a las llamadas “devoluciones en caliente” que no respetan el derecho al asilo y al refugio, Ybáñez se ha limitado a decir que se han establecido oficinas de asilo y refugio en Ceuta y Melilla.

Este viernes se adoptarán las recomendaciones expresadas por todas las delegaciones y España tiene la posibilidad de aceptar algunas, ninguna o todas ese mismo día, o esperar a hacerlo a la sesión que al respecto tendrá lugar en la sesión ordinaria del Consejo el próximo junio.