España se pone a prueba hoy. La ley de seguridad ciudadana, los derechos de los extranjeros o las reformas en materia de salud, también. Y es que por segunda vez en la historia, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tendrá que evaluar el cumplimento de las obligaciones de España en materia de derechos humanos. Un examen periódico universal (EPU) al que están obligados a presentarse los 193 estados miembros de la ONU cada cinco años.

Si en el primer EPU, en el 2010, España salió bastante airosa, este año el aprobado se antoja más difícil. En aquella ocasión, el Gobierno se comprometió a adoptar una serie de medidas para mejorar el ejercicio de los derechos. Pero otras medidas, las de austeridad, han provocado que no solo muchas no se hayan realizado, sino que algunos otros derechos se han visto gravemente afectados.

Así lo han querido reflejar el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) junto con otras entidades, como SOS Racisme, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) o la Comissió Catalana d’ Ajuda al Refugiat (CCAR), entre otros. Ellos, y más oenegés, han enviado presentaciones que se suman al informe presentado por el Gobierno español y a los informes preparados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en los que se incluyen la información facilitada por el Defensor del Pueblo, por diferentes organismos de protección de los derechos humanos de la ONU y por otras entidades sociales. Todos estos escritos servirán para que los 47 estados miembros del consejo formulen sus preguntas.

«Creemos que van a salir bastantes más temas de los que salieron en el 2010», pronostica Aida Guillén, directora gerente del ICDH, que se encuentra en Ginebra para presenciar el debate. Guillén cree que entre las preguntas «estarán aquellas que afectan a materias de actualidad, como la ley de seguridad ciudadana, la investigación de torturas o el derecho de la salud». Estas, junto con la situación de pobreza alimentaria o el problema de los desahucios, son algunas de las denuncias planteadas en los informes. Sobre ellas deberá responder la delegación española, presidida por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, al que le acompañan miembros de varios ministerios.

Una vez terminado el debate, una troica formada por Reino Unido, Sierra Leona y Macedonia dará la puntuación final. Sin embargo, habrá que esperar unos meses más para conocer el informe con el diagnóstico de la situación de los derechos humanos en España en forma recomendaciones. Y un poco más para ver si el Gobierno decide acatarlas.