Ciudadanos de ningún lugar

Catorce familias, la mayoría con niños, okupan un edificio de la urbanización Brocante Viven sin luz ni agua en los pisos de un bloque abandonado por la quiebra de la promotora y casi todos se dedican a la venta de chatarra

Diario Sur, Alberto Gómez, 19-01-2015

Trinidad Bravo pasa los días frente a la puerta de un supermercado, donde pide limosna. Siempre tiene un libro entre manos, «por no levantar la cabeza, porque me da vergüenza lo que hago». Sobre un trozo de cartón, como en un mensaje lanzado al mar, ha escrito: «Soy de Torremolinos. No cobro ninguna prestación ni ayuda. No tengo casa. Pido por necesidad. Lo que puedan. Comida o ropa. Gracias de corazón». Hace dos años murió la mujer a la que cuidaba, en cuya casa trabajaba como interna. Se quedó en la calle y acudió a uno de los pisos vacíos de la urbanización Brocante, okupada desde que su promotora quebrara en 2012. Recuerda que la primera noche durmió en la puerta. «No me atrevía a entrar». Desde la mañana siguiente está instalada allí, en unos pocos metros cuadrados sin ventanas. En su heterogénea biblioteca se dan cita Agatha Christie, Cela, Cortázar o Stephen King. Son libros rescatados del naufragio, «de cuando podía permitirme ser socia del Círculo de Lectores».

La urbanización está a la entrada de Torremolinos, pero sus improvisados inquilinos viven en realidad mucho más lejos, en los márgenes de lo legal, allí donde resultan invisibles para las instituciones. Son catorce familias, en su mayoría con niños, y su rutina dinamita los estereotipos y prejuicios levantados en torno a los okupas. Llegaron incluso a un acuerdo con la promotora, que se encontraba en concurso de acreedores, por el que la empresa les cedía el bloque de pisos de forma temporal a cambio del pago de una cuota mensual de 80 euros y del mantenimiento del edificio. El administrador concursal no ratificó el convenio, pero las familias siguen ahí desde entonces.

Tras las puertas de los pisos habitados, todos señalados con la palabra «ocupado», se esconden historias diferentes pero con denominadores comunes. No disponen de luz ni agua, se dedican a pedir o a la venta de chatarra en mercadillos ambulantes y todos ellos pueden recitar de memoria el artículo 47 de la Constitución, que recoge «el derecho a disfrutar de una vivienda digna». Muchos son inmigrantes en situación administrativa irregular y reclaman ser empadronados para poder empezar de nuevo y optar a ayudas, escolarizar a sus hijos o votar. Es el caso de Ramses Tanati, de 36 años. Hace meses le quitaron el pasaporte como medida cautelar y aún no tiene los papeles en regla. Ha solicitado la nacionalidad y no puede ser expulsado del país porque está casado con una residente española y es padre de una niña de tres años empadronada en Torremolinos, pero cuenta con una ristra interminable de multas y expedientes recurridos.

Cada día, Ramses se las arregla para llevar a casa comida y varios bidones de gasolina con los que hace funcionar un generador de luz para su piso, un privilegio que no todos poseen. Por cada cuatro euros de gasolina, explica, tienen tres horas de señal eléctrica, suficiente para cocinar y para que su hija Romaisa dé cumplida cuenta de su capítulo diario de Bob Esponja. Soukaina, la madre, vive en España desde que tenía dos años y acaba de tener un bebé. Solo tuerce su sempiterna sonrisa cuando trata de poner palabras a la frustración: «Es como estar en el siglo XVI. Llevo en este país toda mi vida y nuestra hija ni siquiera habla árabe, ¿cómo pueden negarnos los papeles? Así resulta imposible salir de esta situación».

«Un techo para dormir»

Ahmed, de 46 años, trabajaba en la construcción. Llegó a la urbanización hace seis meses, cuando finalizó su subsidio por desempleo, junto a su mujer y su bebé de catorce meses. Hana está separada y es madre soltera de un niño de nacionalidad española, pero su permiso de residencia es de cinco años. Isabel vendía gemas y piedras preciosas hasta que la crisis hundió su negocio. Javier, viudo, encontró en Brocante un techo para sus dos mellizos de catorce años. María se divorció hace algunos años y tiene tres hijos. Son los nombres y las primeras líneas biográficas de algunos de los okupas de este edificio torremolinense. No aciertan a precisar si el inmueble pertenece al banco o a la promotora, pero dejan claro que la vida en esta urbanización no es agradable: «No tenemos agua corriente ni luz y en muchos pisos ni siquiera hay ventanas. ¿Alguien puede pensar que estaríamos aquí si tuviéramos alternativa?».

En el garaje, también okupado, reparten las chatarras recogidas en los contenedores de basura y que venderán en los mercadillos ambulantes, su principal fuente de ingresos. «¿Ve cómo delinquimos y lo peligrosos que somos?», pregunta con ironía Ramses. Acaba de traer algo de comida y sube a conectar el generador eléctrico mientras Trini, la lectora incansable, vigila a Romaisa, que juega con el hijo de Hana: «Aquí somos una gran familia».

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