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“La devolución en caliente es ilegal”, dice el Consejo de Europa

El comisario de Derechos Humanos advierte a Interior de que supondría el fin del sistema de asilo

Deia, , 17-01-2015

Madrid – El comisario europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, considera que “las devoluciones en caliente” de inmigrantes en la frontera “no se ajustan a la legalidad internacional” y que plasmarlas en una ley pondría en riesgo el sistema de protección de asilo. El comisario de Derechos Humanos, tras visitar Melilla y entrevistarse en Madrid con responsables de distintas administraciones, advirtió de que si España aprueba la reforma para legalizar las devoluciones inmediatas de inmigrantes crearía “un precedente muy negativo”, que podría suponer “el principio del fin” del sistema de asilo y protección internacional.

En una rueda de prensa en la sede del Defensor del Pueblo, el representante del Consejo de Europa, señaló que espera que el Gobierno Rajoy “busque una solución” para que la legislación española se ajuste a las obligaciones contraídas en sus acuerdos internacionales. “Queda claro que esta práctica no se ajusta a la legalidad ni de la UE, ni del Consejo de Europa, ni de Naciones Unidas”, dijo, por lo que ha insistido en que “no se pueden legalizar”.

El comisario viajó a España para “evaluar de primera mano” las actuaciones de las administraciones respecto a la llegada de inmigrantes a través de Melilla y analizar los cambios – a través de un enmienda del PP – a la ley de Seguridad Ciudadana para reformar la de Extranjería y legalizar los rechazos de inmigrantes en la frontera. “He visto devoluciones en caliente en otros países pero nunca plasmadas en una legislación”, señaló el comisario de Derechos Humanos, quien reclamó la creación de un mecanismo independiente de investigación de las denuncias que se presenten en relación con las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la frontera. Además, se refirió a la situación de hacinamiento del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, que acoge a más de 2.000 personas, cuando su capacidad es de 480 plazas, y reclamó “más infraestructuras y mayor inversión” en esas instalaciones.

“Todas las personas con las que he hablado están satisfechas con el director del CETI y con el trabajo de la única abogada”, señaló, pero cree que deben establecerse reglas más claras sobre cuánto tiempo deben permanecer en el centro y los criterios de traslado a la península.

Puestos de solicitud de asilo

Elogió, sin embargo, la decisión de crear puestos de solicitud de asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla para facilitar estos trámites, pero sólo a los ciudadanos sirios que reclaman la protección internacional, aunque cree que deberían reforzarse. “El día que estuve en Melilla llegaron más de ochenta solicitudes de asilo”, explicó Nils Muiznieks, quien planteó la necesidad no solo de reforzar las infraestructuras, sino también el número de abogados e intérpretes, además de mejorar la formación de las Fuerzas de Seguridad.

Los inmigrantes procedentes del África Subsahariana “tienen que seguir utilizando ganchos o zapatos especiales para atravesar la valla, que no son armas, son herramientas para trepar”, aclaró el comisario, quien ha denunciado que ha recibido quejas de “uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Civil y de devoluciones en caliente”. “Espero que se investigue y se castigue”, dijo el representante del Consejo de Europa, quien propuso que se hagan públicas las medidas disciplinarias que se adopten, si proceden, contra los agentes.

En 2014, llegaron a Melilla 5.500 personas indocumentadas, de las que 3.000 proceden de Siria, y el resto del África Subsahariana, ha detallado. Para el comisario “la situación de España es manejable” porque en 2014 tramitó en total unas 5.200 solicitudes de protección internacional, que suponen el 1% de las cursadas en Europa, e instó a que se evalúen caso por caso. Tras mantener conversaciones con responsables del Gobierno, Muiznieks dijo que confía en que “se encuentre una solución para que los controles en fronteras sean compatibles con la legalidad internacional” y se evite así la presentación de denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. – Efe

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