El comisario de Derechos Humanos avanza que apoyaría una denuncia contra España ante el Tribunal de Derechos Humanos
La regularización de las devoluciones en caliente que el Gobierno ha planteado a través de una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana sumó este viernes una nueva crítica internacional tras la realizada por las autoridades comunitarias. En este nuevo caso, el reproche vino de la mano de Nils Muiznieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, organismo internacional integrado por todos los estados del viejo continente y cuya misión es defender los valores de la democracia, los derechos humanos y la legalidad.
Muiznieks fue contundente en su comparecencia en la sede del Defensor del Pueblo y advirtió que “las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla no se ajustan a la legalidad internacional y ponen en riesgo el derecho fundamental de petición de asilo”. El comisario, que visitó Melilla el pasado miércoles, subrayó que la propuesta de reforma legal que plantea Gobierno es un “precedente muy negativo” que podría suponer el principio del fin del sistema de protección internacional no solo en España. Por eso, Muiznieks instó al Ejecutivo a dar marcha atrás en sus intenciones para no incurrir en una violación de los tratados internacionales que ha suscrito.
Si el Ejecutivo del PP no reconsidera su posición, el comisario avisó de que las devoluciones en caliente podrían conllevar futuras sanciones para España por parte de la Unión Europea. Y, aunque el organismo al que representa no cuenta con capacidad sancionadora, sí apoyaría las posibles denuncias que pudieran presentar en un futuro particulares ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, afirmó el comisario.
“He visto devoluciones sumarias en muchos países, pero en ninguno se ha introducido en la legislación”, añadió Muiznieks. “La propuesta no se ajusta a la legislación ni de la Unión Europea ni del Consejo de Europa ni de Naciones Unidas”, zanjó el comisario sin paños calientes.
Las críticas del Consejo de Europa llueven sobre mojado. A nivel nacional han rechazado las devoluciones en caliente los partidos de la oposición, la Conferencia Episcopal, oenegés y asociaciones de jueces y fiscales, entre otros. A todos los colectivos que critican las devoluciones en caliente les respondió el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el pasado diciembre: “Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo, le aseguro que les enviamos. Pero hay mucha hipocresía”.
HACINAMIENTO
El representante del Consejo de Europa también se refirió de modo contundente a la situación en frontera de Melilla. Muiznieks lamentó el hacinamiento que encontró en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de la ciudad autónoma, donde se alojan cerca de 2.000 personas pese a contar con una capacidad máxima para tan solo 480. Ante esta situación, reclamó mejores infraestructuras y más inversión. Entre las mejoras necesarias citó el aumento de abogados e intérpretes para atender a los potenciales solicitantes de asilo que llegan a España huyendo de conflictos en sus países de origen.
Muiznieks se refirió también a la actuación de las fuerzas de seguridad y las denuncias que se han formulado ante un supuesto exceso del uso de la fuerza. En contraposición al argumento del Gobierno sobre la violencia con la que actúan los inmigrantes ilegales en sus asaltos a la frontera, el comisario expuso que los subsaharianos, a diferencia de las fuerzas de seguridad, “utilizan ganchos o zapatos especiales para atravesar la valla, que no son armas, son herramientas para trepar”. No obstante, eludió realizar ningún juicio sobre la actuación de los agentes y se limitó a desear que las denuncias se investiguen y, en el caso de que se demuestren ciertas, se castigue a los culpables.