El movimiento de personas de un lugar a otro es casi tan viejo como el mundo. Pero ha ido aumentando, claro está, a medida que la mejora de las comunicaciones, por un lado, y los profundos desequilibrios de riqueza y bienestar existentes entre las diversas zonas del planeta, por el otro, han puesto ante los ojos de cientos de millones de personas que basta cruzar un estrecho, o salvar un simple río, para pasar de vivir en el tercer mundo a hacerlo en el primero.

Solo los ignorantes o los limpios de corazón ponen en duda que los fenómenos migratorios pueden ser fuente de problemas. Pero exclusivamente los xenófobos o los tontos de remate están convencidos de que la única solución a esos problemas es prohibir de forma radical que nadie se mueva del lugar que le ha tocado por nacimiento en buena o mala suerte.

Frente a los temores apocalípticos de los partidarios de todas las purezas (raciales, culturales, religiosas o lingüísticas) la historia del mundo pone de relieve, sin embargo, la inmensa capacidad de vivir juntos que tienen los seres humanos de distinta procedencia, siempre y cuando no haya quien se empeñe en azuzar sus diferencias hasta convertirlas en fronteras y, ya no digamos, en trincheras. De hecho, no hay comunidad humana, salvo las que habitan en tribus aisladas y remotas, de la que no pueda decirse eso que un buen amigo – el profesor Félix Ovejero – afirma sobre España: que aquí todos somos ¡mestizos de pura cepa!

No entraré ahora en el viejo debate entre multiculturalismo e integración, pues no es posible hacerlo en una breve columna como esta. Pero sí quisiera dejar constancia, al menos, de una profunda convicción: que, en el mundo occidental en que vivimos, no hay integración posible que no se haga sobre la base de respetar las peculiaridades culturales que sean compatibles con los derechos y libertades definidores del mundo democrático; y que todo multiculturalismo que no tenga en el horizonte una respetuosa y plural integración condena a las comunidades diferentes a vivir encerradas en un gueto.

Comparto, por eso, sin sombra de duda, la reivindicación de la colonia musulmana gallega de la que ayer se hacía eco este periódico y que el lunes planteó en Vía V, en una excelente entrevista que le hizo Fernanda Tabarés, el presidente de la Comunidad Islámica en Galicia: que se habiliten lugares donde quienes la componen puedan enterrar a sus difuntos. De hecho, no hay problema administrativo ni político que permita entender que a estas alturas un tema de tanta importancia no esté ya resuelto a satisfacción de quienes, españoles o no, tienen el mismo derecho a enterrar aquí a los suyos que tenemos los demás.

Facilitar ese derecho es una obligación de los poderes públicos elemental para garantizar la diferencia y garantizar la convivencia.