Hasta en tres ocasiones se ha llegado a suspender la vista oral sobre un caso de supuesta prostitución, explotación sexual de inmigrantes y delito contra los derechos de los trabajadores en el club La Luna del paraje Altos de Caudete. La razón siempre ha sido la misma: la imposibilidad de localizar a las presuntas víctimas. De manera que el pasado noviembre, cuando las chicas por cuarta vez no aparecieron por la Audiencia Provincial, la Sección Segunda decidió celebrar el juicio para cerrar un caso que se remonta a 2008 y del que este año por fin se conocerá la sentencia.

Las diligencias arrancaron en febrero, hace siete años, cuando la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo encontraron en este club de Yecla a 13 mujeres, la mayoría brasileñas, colombianas y rumanas, en situación supuestamente irregular en el país y sin alta en la Seguridad Social. Durante el registro, los agentes se incautaron de 2.210 euros en metálico y varios dietarios. Uno de color rojo detallaba los nombres de las chicas, sus taquillas y días de la semana que trabajaban, y otro negro, recogía la hora a la que los clientes entraban en las habitaciones para supuestamente mantener relaciones sexuales.

Un año después el citado local fue objeto de una intervención de la Guardia Civil, incautándose de 510 euros en metálico. También, los agentes encontraron tras la barra un panel con timbre, que estaba conectado a las cuatro habitaciones, y una pizarra donde se apuntaban la duración de los supuestos pases sexuales. Incluso había una zona para hacer ‘strip – tease’ y proyectar películas pornográficas.

En el tiempo transcurrido entre esas intervenciones, según el fiscal, Alejandro A.G. arrendó supuestamente el club a Francisco B.M. para guardar las apariencias y «emplear a varias mujeres en la prostitución». Además, utilizaban presuntamente al camarero Hernán Alejandro B. para controlar a las chicas y el local. Ante la ausencia de las víctimas, la Sala dio por reproducidos los testimonios que las chicas prestaron a los agentes policiales. Una de ellas – Lidiane – relataba que uno de los acusados contactó con ella en Brasil para ofrecerle un trabajo de camarera. Una vez en Yecla, «nos comunicaban que les debíamos 2.500 euros y teníamos que pagar. Dormíamos y comíamos en el club, tenía miedo de que nos hicieran algo».

El fiscal expuso que en una de las intervenciones «un agente descubrió a un cliente practicando sexo». «Cobraban 50 euros por cada servicio y 15 euros eran para la casa». También aportó pruebas documentales como el pago de billetes de avión y hoteles.

El camarero fue a Cáritas

Sin embargo, durante la vista las defensas de los tres acusados, que se enfrentan a penas de cárcel de tres a siete años, pidieron la absolución de sus clientes «por dilación indebida del proceso y porque los pases sexuales no han sido ratificados por las víctimas». De hecho, la base de la acusación del fiscal se sostenía en las chicas que no han declarado.

Las defensas también expusieron que «una de las chicas declaró que se prostituía bajo su responsabilidad», «no se han demostrado las contrataciones»… El abogado del camarero expuso que «tras ser despedido del local recibió ayuda de Cáritas, obviamente no estaría así si hubiese participado en un red de explotación sexual». Por ello, llegado el turno de palabra de los acusados, los tres se declararon «totalmente inocentes».