Hai Jie Zhang, quien el pasado diciembre fue absuelto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del crimen de la calle Amado Carballo, ha visto como, en los últimos días, se ponía fin al internamiento en un centro de extranjeros de Madrid. Y es que, tras conocer el dictamen del TSXG, la Justicia pontevedresa hizo valer una orden de expulsión previa a su arresto en relación con la muerte violenta de dos súbditas chinas – un jurado popular consideró que solo habría participado en uno de los homicidios, dictamen que, finalmente, revocó el alto tribunal gallego – , una deportación que estaba previsto se ejecutase el 3 de enero.

Sin embargo, esta expulsión ha sido, en principio, anulada, si bien todo parece indicar que la medida aún no ha sido declarada firme. Las fuentes consultadas no pudieron precisar ayer si esta suspensión es consecuencia del recurso contencioso administrativo interpuesto contra la decisión de repatriación o si, por el contrario, la Administración había aceptado la petición que tenía previsto formular la defensa de Hai Jie Zhang para que le fuese otorgada una orden internacional de protección.

Esta figura aparece recogida en la Ley reguladora del derecho de asilo. En esta normativa se reseña que «la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país».

En este sentido, las fuentes consultadas incidieron ayer en el hecho de que en su país de origen, China, está actualmente vigente la pena de muerte. Tras la sentencia absolutoria del Tribunal Superior, Hai Jie Zhang vio como resurgía un viejo fantasma de su pasado.

Y es que, antes de ser detenido en el 2010 en relación con las muertes que sacudieron a la población pontevedresa en abril del 2009, había sido condenado en Murcia por, supuestamente, haber entrado en España empleando documentación falsa. Por aquel entonces, la pena de prisión se sustituyó por la repatriación.

La medida causó estupor e indignación, a partes iguales, en los letrados pontevedreses Rafael Alonso Fernández y Patricia Martín Bedate, quien ayer emplazó cualquier valoración a que el cese del internamiento de su cliente sea declarado firme. Ambos letrados aludieron a que los más de cuatro años que Hai Jie ha permanecido recluido en la prisión de A Lama superan la condena impuesta en su día en Murcia – unos dos años de cárcel – , por lo que entendieron que ya no cabía hablar de una posible sustitución de la condena de entonces por la expulsión del territorio nacional.

Se ha anulado la orden de deportación prevista para el pasado 3 de enero