La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) cerró el pasado año con un nuevo récord histórico de beneficiarios. Los perceptores de la ayuda social, destinada a asegurar las necesidades básicas de personas sin recursos, se elevaron a 65.687 a finales de diciembre, según datos oficiales de Lanbide. Durante ese mes se elevaron en 188 y en 2.870 – algo más del 4,5% – en el conjunto del ejercicio.

Ese ascenso es similar al registrado en 2013, a pesar de los indicios de mejora que ofrece la economía de Euskadi y su mercado laboral, que el último año creó empleo por primera vez desde el inicio de la crisis.

El Gobierno vasco garantiza por ley unos ingresos que oscilan entre 616 y 945 euros mensuales, en función de los casos, a las familias que cumplen unos mínimos requisitos de arraigo en Euskadi. La cuantía depende del número de integrantes de la unidad familiar. Esas ayudas, básicas en la estrategia de lucha contra la pobreza que ha puesto en marcha la Administración autonómica, son las más generosas que se ofrecen en toda España. Las denuncias de supuestos fraudes lanzadas por el alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), y su propuesta para endurecer las condiciones de acceso a la RGI han derivado en los últimos meses en una agria controversia política con tintes electoralistas.

Los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos crecen año a año, aunque ya lo hacen a menor ritmo que en 2008 o 2009, cuando la recesión golpeó son dureza la economía vasca.

Dos de cada tres beneficiarios de este subsidio (41.760 personas) son de nacionalidad española. La mayoría de ellos (37.700), mujeres , con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años y con estudios que no superan la educación obligatoria, aunque hay 2.576 universitarios.

Los extranjeros representan poco más del 36% del total. Entre ellos, el grupo más numeroso es el compuesto por personas procedentes de América del Sur (9.200), los países del Magred (6.148) y el África subsahariana (4.422).

El Gobierno vasco tiene previsto destinar este año 378,5 millones de euros al pago de la RGI y otros 82,5 millones a la prestación complementaria de vivienda (PCV), destinada a sufragar el pago de alquileres. En total, 461 millones, aunque la cifra definitiva dependerá de cómo evolucionen las solicitudes que cumplan los requisitos exigidos, ya que se trata de un derecho subjetivo reconocido por la ley al margen de que la dotación presupuestaria reservada al efecto sea suficiente o no.

La mayoría de sus perceptores son mujeres – 37,700 – Entre los inmigrantes , los colectivos más numerosos proceden de América del Sur (8.780) y los países del Magreb (6.114). Los solicitantes de la RGI son en su mayoría mujeres , 37.700 expedientes abiertos a diciembre de 2014 (57,40%) y la franja de edad oscila entre los 30 y los 50 años que abarca a cerca de 33.530 personas.