La polémica en torno a las ayudas
sociales abierta el pasado verano
en Vitoria no cesa y amenaza con
seguir muy viva hasta las elecciones
municipales de mayo. Ayer, el
alcalde de Vitoria, Javier Maroto
(PP), fue muy claro al reiterar su
apoyo a la plataforma Ayudas+
Justas, que estos días recoge
firmas para modificar en el Parlamento
Vasco la ley de garantía de
ingresos con el fin de combatir los
«abusos». Este pronunciamento
cobra especial signficado después
de que el portavoz de la plataforma,
Patxi Gómez, tuviera que dimitir
al conocerse que él mismo
había cometido fraude al percibir
prestaciones, en este caso del desempleo,
según publicó Gara.
«Puedo hacer una reflexión que
comparten muchos
vitorianos. Es demasiado
fácil ser muy
duros con ésos que sí
han cotizado [y no
tienen derecho a
prestaciones, como
Patxi Gómez] y [los
partidos de la oposición]
son muy blandos
para pedir rigor y
llamar defraudadores
a quienes no han trabajado
o han cometido
crímenes [y reciben
la RGI]. Para
quienes sí han trabajado
son muy duros y
para los otros son
muy blandos. Ahora
más que nunca esa
plataforma tiene toda
la legitimidad para
que se cambie el sistema
de renta de garantía de ingresos
», aseguró Maroto, que no
comentó nada sobre el caso particular
de Gómez. Sólo añadió un
breve «Yo no puedo poner la mano
en el fuego por las personas
pero sí por la causa».
Maroto aprovechó la pregunta
de los periodistas sobre Gómez
para reiterar que no es justo que
haya «personas que han trabajado
40 años» que cobran una pensión
de 600 euros y que otros extranjeros
«con sólo tres años de
empadronamiento» tengan una
prestación que puede alcanzar
«los 1.200 euros». Asimismo, se
quejó de que haya 3.700 inmigrantes
irregulares cobrando de
Lanbide «sueldos vitalicios».
A instancias de la oposición,
Maroto dará más explicaciones
sobre la actuación de Gómez en
una comisión municipal. Entretanto,
Ayudas+Justas continúa
sumando firmas en su oficina de
Vitoria. Según sus datos, ha logrado
ya 7.200 de las 30.000 que precisa
para registrar una ILP.