cuatro palabras. Nos adentramos en terreno farragoso, polémico y lleno de lugares comunes que por ahora no atisban fácil solución. No cabe mezclar la cuestión migratoria con las prestaciones sociales sin hablar de pobreza y colonización. No es posible hablar de las limitaciones de las políticas públicas y del fraude en las ayudas sociales sin hablar de recortes, del aumento de la desigualdad y de la exclusión social. No es admisible hablar de sus consecuencias sin abordar las causas reales de la pobreza y desigualdad social que sufren las y los inmigrantes que se han visto obligados a salir de sus países de origen.

Si entramos en matizaciones y nos detenemos en la polémica suscitada por la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), conviene recordar que estamos hablando de un derecho subjetivo, por lo tanto de obligado cumplimiento y no sujeto a asignación presupuestaria. Es la filosofía central de esta prestación, a la cual no se debería renunciar. A pesar de que el instrumento tenga fallos, es peligroso pensar de antemano que en sí genera fraude y distorsiones. A pesar de que las escasas herramientas de protección y solidaridad colectiva conseguidas sean revisables y mejorables, su cuestionamiento genera un escenario de desconfianza y sospecha para quien hace uso de ellas.

El alcalde Maroto intenta acabar con el enganche de los magrebíes con las ayudas sociales y eso retumba en el imaginario social

La pobreza, la precariedad y la desigualdad están creciendo los últimos años y las personas inmigrantes se han visto especialmente afectadas. Tampoco la pobreza es neutra y no afecta igual a mujeres y a hombres. En este sentido, se sigue perpetuando la feminización de la pobreza. Además, no es cierto que nuestro sistema de protección social sea una panacea a la que pueda acceder cualquier persona inmigrante. Al contrario, en los últimos años se han aplicado recortes y se han endurecido las condiciones de acceso a las prestaciones, aumentando el período de empadronamiento. En esta misma línea, el Gobierno vasco ha limitado recientemente la atención sanitaria pública a quienes no puedan acreditar un año de empadronamiento o no cobren la RGI. Por tanto, en una coyuntura en la que se deberían aumentar los recursos para que ninguna persona esté en situación de necesidad y exclusión social, se criminaliza la pobreza y se caldea el ambiente xenófobo. Abocarnos a una guerra entre pobres es una estrategia fácil y con vistas a réditos electorales.

El alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, ha optado por utilizar droga dura e intentar, a su modo de ver, acabar con el enganche de ciertos colectivos personas de origen magrebí, básicamente a hacer uso de una ayuda social que dice no les corresponde. Esta especie de idea-mantra retumba en una parte del imaginario y del subconsciente social y lo peor es que, cuando estas supuestas verdades irrefutables avaladas incluso por mandatarios públicos se inoculan a algunas personas, éstas se arrogan el derecho de actuar. Tal es el caso de la agresión sufrida por un ciudadano vitoriano por defender a personas inmigrantes que esperaban en una cola de atención ciudadana en Gasteiz, o el hecho de que se impidiera a una mujer con velo hacer uso del transporte público. Hechos casi sucesivos y en la misma ciudad. ¿Casualidad o consecuencia?

Hay mucho en juego. El cerco a la pobreza cada vez es más estrecho y con ello el aumento de las expresiones racistas y xenófobas. Quién y cómo se marquen las normas de convivencia entre los ciudadanos nos puede llevar a un modelo de sociedad u otro. Hoy, algunas personas y colectivos están en el punto de mira. Mañana, ¿a quién le tocará?