El alcalde de Gandía dice que la muerte del policía en Madrid no pasaría si se aplicara su política de empadronamiento
"Hay que cambiar la ley de inmigración ya, sin complejos, para defender a los que nos defienden", agrega en un polémico comentario en su Facebook
La Vanguardia, , 07-01-2015Barcelona. (Redacción).- El alcalde de Gandía, Arturo Torró (PP), aseguró este lunes que casos como la muerte del policía nacional Francisco Javier Ortega a manos de un hombre el pasado viernes en el metro de Madrid se podrían evitar “si se aplicara en España la política de empadronamiento” de su ciudad. En un comentario en su perfil de Facebook, Torró afirmó que de aplicarse su política municipal en el conjunto de España, el asesino “estaría en su país o en la cárcel”. El comentario del alcalde de la ciudad valenciana ha suscitado numerosas reacciones contrarias en la red social, aunque también algunas favorables. “Hay que cambiar la ley de inmigración ya, sin complejos, para defender a los que nos defienden”, ha concluido.
La política de inmigración del ayuntamiento de Gandía y de su alcalde ha sido controvertida desde el principio, cuando comenzó a aplicarse en el año 2012. El ayuntamiento envía a la Policía Nacional los datos de los ciudadanos extracomunitarios que quieren vivir en la ciudad por razones de “seguridad” y en caso de no disponer de permiso legal de residencia, se les niega el empadronamiento, en una interpretación restrictiva y casi exclusiva de Gandía de la norma que rige la gestión de los padrones municipales en España.
La política de Torró ha recibido numerosas críticas, especialmente de asociaciones de inmigrantes y de los partidos de la oposición, aunque incluso de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Torró siempre ha defendido que, gracias a su política, Gandía se ha convertido en “la ciudad más segura de la Comunidad Valenciana”.
En su particular cruzada contra la inmigración irregular, Torró ha defendido su comentario en Facebook y sus políticas en relación al suceso ocurrido en la capital. En un artículo posterior, ha querido diferenciar entre aquella inmigración que viene de forma legal o aquella que lo hace ilegalmente, “sin poder tener permiso de trabajo, y que viven muchas veces en condiciones infrahumanas, explotados y engañados por las mafias”. A su juicio, este el caso de Ali Raba, el hombre que mató al policía nacional, “un delincuentre reicidente, que arrastra hasta nueve delitos por robos y amenazas”.
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