VITORIA. El Gobierno vasco pondrá en marcha
de forma inmediata la unidad
de control interno del Servicio Vasco
de Empleo que asumirá entre
otras funciones labores de control
e inspección para luchar contra el
fraude en la percepción de la renta
de garantía de ingresos (RGI) y la
prestación complementaria de vivienda.
Los estatutos de Lanbide
preveían esta unidad, pero su creación
se venía retrasando por la falta
de la relación de puestos de trabajo
(RPT). El Consejo de Gobierno
aprobó ayer la primera fase de
la RPT y asignó a dicha unidad 18
personas: un responsable, cuatro
asesores jurídicos, cuatro inspectores,
siete administrativos y dos técnicos
en informática y estadística.
El consejero de Empleo y Políticas
Sociales, Juan Mari Aburto,
anunció la puesta en marcha de esta
unidad y aseguró que su trabajo
«va a mejorar los procedimientos
internos de Lanbide y el control del
posible fraude. La labor de control
se va a llevar a cabo por esta unidad,
pero también por las oficinas
territoriales y las 43 oficinas de
Lanbide», informa Vascopress.
La unidad de control interno, explicó,
«fijará objetivos y revisará
los procedimientos en vigor», y los
inspectores realizarán «labores de
inspección de manera aleatoria».
La primera fase de la RPT permitirá
cubrir los 18 puestos de la unidad
de control interno y otras 162
plazas más. La aprobación de esta
RPT provisional hará posible cubrir
53 vacantes mediante concursos
de traslado entre todas las personas
funcionarias de la administración
pública vasca, y la
intención es aprobar la RPT definitiva
de 918 puestos en abril.
Juan María Aburto reconoció que
la creación de la unidad de control
hace meses o años hubiera mejorado
la situación de acumulación de
expedientes de pagos indebidos.
Además, el consejero vasco de Empleo
y Política Sociales se refirió a
la «actuación» de Patxi Gómez,
portavoz de la plataforma Ayudas+
Justas que ha dejado su cargo
por supuestas irregularidades en la
prestación del desempleo, y consideró
que «deslegitima» el proceso
de esta iniciativa.
Gómez, uno de los promotores
de la plataforma vasca Ayudas+
Justas, creada para luchar
contra el fraude en las ayudas sociales,
ha dejado el cargo al reconocer
que tanto el Inem como la
Seguridad Social le investigan por
impagos y por cobros indebidos de
la prestación de desempleo.
«Quizás lo que debería haber
ocurrido es que quien de antemano
sabía que estaba en una situación
éticamente reprobable», en referencia
a Gómez, debería haberse
planteado «eso de las ayudas más
justas», indicó el consejero.
Dicha plataforma, con el apoyo
expreso del alcalde de Vitoria, Javier
Maroto (PP), fue creada para
recabar las firmas de ciudadanos
necesarias para tramitar en el Parlamento
Vasco una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) que quiere momodificar
las condiciones actuales.