La estadística oficial ha venido a confirmar lo que puede empezar a considerarse una incipiente tendencia en la actual situación socioeconómica de España: la caída del número de abortos, esta vez un 3,3%, a la cifra más baja desde hace siete años. 108.690 mujeres interrumpieron su embarazo en 2013, 3.700 menos que el año anterior, con una ley de plazos similar a la que impera en Europa y que desde 2010 permite abortar libremente hasta la semana catorce. Esto supone que 11,74 de cada 1.000 mujeres en edad fértil abortaron en 2013, frente a un 12,01 del ejercicio precedente. Los expertos atribuyen este descenso – el segundo consecutivo tras la subida del 5% en el primer año de la legislación impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero –   a la salida de inmigrantes y jóvenes españolas del país y al uso de la píldora del día después. Y también a la ley de plazos que está quitando argumentos a quienes pronosticaron una ascenso del número de interrupciones del embarazo.   

La mujer que aborta es, mayoritariamente, graduada en ESO y equivalentes (37,36%), trabajadora por cuenta ajena (45,80%), no tiene ningún hijo (45,80), el 34,4% no ha usado ningún método anticonceptivo y no ha pasado nunca antes por una interrupción voluntaria del embarazo (62,76%). Y cuando se decide a hacerlo opta por acudir a un centro privado (88,16%). El grupo más amplio de las mujeres que acabaron con su gestación, el 19,43%, tenían entre 20 y 24 años. La minoría, el 3,92%, más de 40. No hay cifras específicas sobre menores. La tabla del Ministerio de Sanidad solo indica que del total de abortos el 12,23% fueron de “19 y menos años”, frente al 12,95% de 2012.

Lo que sí muestran los números es que el grueso de todas las intervenciones, el 68,51%, se produjeron antes de las ocho semanas de embarazo y solo el 1,33% más allá de la 21. “El aborto sigue siendo temprano”, observa Isabel Serrano, ginecóloga de la Federación de Planificación familiar. “Es un dato que ha ido a mejor [ininterrumpidamente desde 2004] porque el acceso es menos burocrático. Obviamente sería mejor no tener abortos, pero eso es imposible”. La estadística muestra que el 90,13 % de las intervenciones se realizaron antes de la semana 12, cifra similar (88,48%) a la del año 2009 cuando aún estaba vigente la ley de supuestos.

Las cifras sobre interrupciones del embarazo se conocen tres meses después de que el Gobierno anunciara que renuncia a tumbar la ley de plazos aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desistiendo así de retrotraer a España 30 años atrás con una normativa de supuestos similar a la primera ley del aborto de la que se dotó este país en 1985. Solo iba a estar permitido interrumpir el embarazo en caso de violación, riesgo para la salud de la madre y probablemente, aunque jamás se aclaró bajo qué fórmula, por malformación del feto. En 2013, solo el 10,06% de los abortos se produjeron por estos motivos. La mayoría, el 89,93% fueron a petición de la mujer.

La división interna en el Gobierno por un proyecto que fue aprobado en diciembre de 2013 en Consejo de Ministros acabó el pasado septiembre con su retirada y la dimisión del ministro que la defendió hasta su caída, Alberto Ruiz – Gallardón. El presidente Mariano Rajoy anunció entonces que el Ejecutivo se iba a limitar a modificar la denominada ley Aído —por la exministra de Igualdad, Bibiana Aído—, para impedir que las menores, desde los 16 años, puedan seguir abortando sin el consentimiento de sus padres. Pero esa vuelta atrás, que se hará a través de la reforma de la legislación de protección de la infancia, aún no ha llegado. Llegará a principios de 2015 según fuentes de Sanidad. “Hay que seguir trabajando en estrategias de educación sexual para seguir reduciendo las cifras de aborto. Pero los datos reflejan que esta ley está funcionando”, dice Serrano, “y el Gobierno, que ha estado ocultando estas cifras favorables a la ley, debería recapacitar y no poner más obstáculos a las adolescentes. Lo que conseguirán es que aborten más tarde y con más riesgo”.

Detrás de este descenso en el número de abortos en España no hay una única causa. Son múltiples, pero los expertos apuntan preferentemente a dos. Para empezar, la situación socioeconómica del país, que ha llevado a una fuerte salida de población inmigrante, proporcionalmente más dada a interrumpir el embarazo que la población española y cuyo peso demográfico se redujo en 2013 un 7,8% hasta las 4.676.022 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según la información recopilada por Sanidad, el mayor número de abortos, el 63,07%, fueron de mujeres españolas, seguido por el 19,96% de americanas. Solo un dato para la comparación: en 2009, el último año en el que estuvo en vigor la ley de supuestos de 1985, eran el 47,99% y 23,85% respectivamente.

“Pero no es solo el retorno de las inmigrantes a sus países de origen”, puntualiza Blanca Cañedo, miembro de la junta directiva de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), que agrupa al 65% de los centros privados. “La población joven española también está emigrando y eso influye en las cifras”, apunta. Y hay otro elemento más a tener en cuenta. La píldora del día después, un anticonceptivo postcoital para situaciones de urgencia, que desde septiembre de 2009 es de libre dispensación en farmacias.

Las tablas colgadas en la web del Ministerio de Sanidad ponen en evidencia que esta prestación pública sigue mayoritariamente en manos privadas, aunque cada vez menos. El número de abortos en centros públicos son pocos, el 8,96% del total, pero bastantes más que en 2009, cuando solo alcanzaban el 2,03%. Detrás de esta subida, apunta Cañedo, puede estar la apuesta de algunas autonomías por el aborto farmacológico con mifepristona y misoprostol, que pueden administrarse hasta la semana ocho de gestación. Se prescribe por ejemplo en Cataluña, la segunda comunidad con mayor tasa de abortos (14,18%) por detrás de Madrid (14,62).

La radiografía oficial ofrece un mapa muy desigual con Ceuta y Melilla con una tasa de 3,74 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil; Galicia y La Rioja con 6,78; Navarra con 7,82; Andalucía con 11,91 y el País Vasco con un 9,97%, por poner unos ejemplos. “La paradoja es que aquellas donde la incidencia de los abortos es más baja no es porque tengan una mejor educación, sino porque el acceso a la interrupción del embarazo no es tan fácil”, subraya Cañedo.