J. M. ALONSO
La salida de Patxi Gómez como cara
visible de la plataforma vasca Ayudas+
Justas ha suscitado una gran
preocupación en el entorno del PP
vasco ya que teme que su dimisión
puede afectar en la calle al movimiento
ciudadano creado para luchar
contra el fraude en las ayudas
sociales y limitar su actuación.
Quien hasta ahora ha sido el rostro
de la plataforma ciudadana creada
por el entorno del PP para impulsar
la modificación en el Parlamento
Vasco de la ley que regula la Renta
de Garantía de Ingresos (RGI) anunció
ayer que abandona la portavocía
al admitir que está siendo investigado
por el INEM y la Seguridad Social
por impagos y cobros indebidos
de la prestación del desempleo.
Su salida supone un traspiés para
el PP, que ve como a nivel social puede
conllevar un descrédito para un
colectivo que ha presentado en el
Parlamento Vasco una Iniciativa Legislativa
Popular para posibilitar una
reforma de la RGI que, entre otras
modificaciones, eleve a 10 años el
empadronamiento necesario para
tener acceso a las prestaciones. Y
más allá del efecto que pueda tener
en la calle, el PP teme que puedan
existir dudas internas a la hora de
asumir el cargo que deja Gómez, lo
que obligaría a los populares a llevar
nuevamente el peso de una reclamación
que le enfrenta abiertamente
con el resto de partidos.
Gómez reconoció ayer a través de
un comunicado que mantiene una
negociación por los pagos que adeuda
a la Seguridad Social. Según desveló
el domingo el diario Gara, el ya
ex portavoz de esta iniciativa popular
era administrador único de una
empresa dedicada a actividades recreativas
y de entretenimiento que
acumula una larga lista de requerimientos
por deudas y en varias ocasiones
ha sido apercibido a través
del Boletín Oficial de Álava por el
cobro indebido del paro y por impagos
a la Seguridad Social.
En la nota difundida, Gómez detalló
que, tras trabajar «unos años»
en una empresa, siguió cobrando el
desempleo «como cualquier otra
persona en paro», a pesar de que
disponía de más del 50% de las acciones
de una sociedad en la que, según
expuso, ni trabajaba ni era administrador
único. Una inspección
«rutinaria» de esa sociedad determinó
que tenía que estar dado de alta
en el régimen de autónomos y que
no podía percibir ninguna prestación
del INEM.
A día de hoy, explicó que no ha
recibido todavía ninguna comunicación
de este organismo al recurso
que presentó a la notificación que le
reclamaba las cantidades percibidas.
Por su parte, con la Seguridad Social
está «actualmente en proceso de
negociación de pagos» después de
que esta entidad le diera de alta de
oficio en autónomos por su situación
y le requiriera igualmente el dinero
cobrado indebidamente.
Confirmada su marcha, Gómez
afirmó que seguirá colaborando «como
uno más» con esta plataforma
ya que «creo firmemente en la causa
que defiende y porque creo que
es de justicia». Pero puntualizó que
desea apartarse a un lado para que
«no se me haga a mí lo que se ha hecho
» al alcalde de Vitoria, Javier Maroto,
que está siendo objeto de una
campaña política y social por impulsar
un cambio en el sistema de prestación
social vasco, demanda que
asumió Ayudas+Justas.