Patxi Gómez, el portavoz de la plataforma Ayudas + Justas, impulsada por el PP de Álava tras las declaraciones del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, acusando a marroquíes y argelinos de abusar de las ayudas sociales, anunció ayer que dimite tras reconocer que tanto el INEM (actual Lanbide) como la Seguridad Social le investigan por cobro indebido de la prestación por desempleo. Ayudas más justas busca llevar el debate sobre la modificación y limitación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), ayuda social que precisamente entrega el Gobierno vasco a través del servicio vasco de empleo Lanbide, al Parlamento.

En su última intervención, el lunes de la pasada semana, durante la presentación de la oficina de recogida de firmas abierta en Vitoria, —aseguran que llevan más de 3.000— Gómez solicitó a la ciudadanía su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular, subrayando que el objetivo de la misma es “frenar los abusos y modificar una ley que ahora no cumple con nuestras expectativas”.

Gómez admitió, tras la denuncia del diario Gara, que ha sido pública y reiteradamente apercibido en el Boletín Oficial de Araba desde 2001, por cobro indebido de la prestación o subsidio de desempleo y por impagos a la Seguridad Social. Le reclamaron cantidades percibidas durante un plazo de tiempo que ayer no detalló, al dejar de trabajar para una sociedad de la que era socio al 50%.

Gómez aseguró ayer que recurrió la notificación del INEM sin obtener respuesta. “En mi larga vida profesional he pasado por diferentes momentos, buenos, malos y regulares, pero lo único que he hecho en mi vida ha sido trabajar duramente, siempre de forma honesta, con ánimo de vivir de mi trabajo y sin intención de defraudar a nadie”.

Maroto dijo que son los magrebíes quienes abusan de las ayudas sociales “y no quieren trabajar”, lo que causó toda una ráfaga de reacciones desde colectivos sociales y partidos políticos .La plataforma se constituyó a raíz de la propuesta de Maroto de impulsar una ILP, estrategia que recibió críticas de la oposición, para limitar la RGI en tiempo y cantidad. Le achacaban que podría haber sido él quien llevara la propuesta como parlamentario. Maroto firmó el pasado mayo también la ILP a favor de prohibir el fracking, otra iniciativa popular que causa desavenencias en su partido.