El Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid ha condenado a seis años de prisión y una pena de multa a Sandra, la mujer de origen latinoamericano denunciada por atentado a la autoridad y lesiones tras resistirse a embarcar en un vuelo de deportación rumbo a su país, según ha informado la Campaña por el Cierre de los CIE, que ya ha anunciado que la sentencia será recurrida.

Esta organización recuerda que la mujer relató el pasado 28 de noviembre en el juzgado “cómo uno de los dos policías que la iba a trasladar al aeropuerto la golpeó mientras ella permanecía engrilletada de pies y manos”, pese a lo cual, el magistrado “no tomó ninguna iniciativa” tendente a acceder a las posibles grabaciones de lo sucedido ni a conseguir el parte médico fruto del reconocimiento de la afectada a su regreso al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid.

Además, incide en que la “violenta actuación policial” que detalló la mujer “no es un hecho aislado”, aunque mientras ella ya ha sido condenada, su denuncia contra los policías por los mismos hechos “aún está en trámite e incluso el juzgado ha intentado archivarla en dos ocasiones”. También se denegó que ambos procesos se acumularan, como solicitaba la defensa.

“Su decisión se justifica principalmente en el testimonio policial. Son constantes los testimonios de migrantes que, en su deportación, sufren los golpes y los insultos de la policía. También existen vídeos, tanto en estancias del CIE como en el aeropuerto, en los que se observa lo que es ya práctica habitual de los escoltas”, afirma la Campaña.

La organización recuerda que Sandra declaró tras su primer proceso de expulsión que era víctima de trata y estaba amenazada en su país de origen, al que por tanto, no podía regresar. Sin embargo, no le fue reconocida la protección y ahora, con esta condena, su permanencia en España se “pone en peligro”, ya que con antecedentes penales es complicado conseguir la renovación del permiso de residencia.

“La connivencia de jueces y fiscales es condición necesaria para mantener engrasada la maquinaria de los internamientos y las deportaciones. Que jueces que dicen representar valores democráticos y principios progresistas tomen estas decisiones demuestra hasta qué punto esa complicidad del aparato judicial está generalizada”, denuncia la campaña.