«Barajas es una ciudad sin ley. Mis trabajadores reciben amenazas de todo tipo. Les dicen que violarán a sus mujeres, que les pincharán las ruedas de sus coches… incluso han llegado a las manos en alguna ocasión. También les han amenazado con cortarles el cuello si intentan captar clientes, pese a que ellos trabajan de manera ilegal y nosotros pagando impuestos. Es una situación kafkiana donde nadie nos ayuda».

Juan Rivas, uno de los directivos de la compañía Safe Bag, la empresa que ganó el concurso de adjudicación para embalar maletas en el aeropuerto de Madrid, denuncia una competencia desleal que sufren en su sector: varias bandas de plastificadores ilegales llevan más de cuatro años operando en Barajas amedrentando y amenazando a los empleados de la concesionaria legal.

En la actualidad tienen contabilizadas cerca de 150 personas que operan al margen de la Ley divididos en tres bandas clasificadas por nacionalidades: subsaharianos, búlgaros y rumanos. El directivo pone énfasis en la peligrosidad de estos últimos: «Uno de nuestros encargados tiene que ir con un guardaespaldas por las terminales. El otro día le atacó un hombre que más tarde fue detenido».

Safe Bag ha calculado que por culpa de esta competencia ilegítima están perdiendo un millón de euros al año. La polémica llega a tal extremo que hay vuelos, como los que se dirigen a Malabo o Bogotá, donde sólo trabajan los plastificadores ilegales, según Rivas.

Arturo, un infiltrado contratado por la empresa para informar a los viajeros incautos que son captados por esta mafia, conoce bien el problema. Se encarga de avisar a los pasajeros de que existen máquinas oficiales y de que están pagando en negro. Cauteloso, ha explicado a este diario cómo las bandas, que empezaron a trabajar en la T-4, poco a poco se han ido extendiendo al resto de terminales. Consciente de la dificultad de la situación, asegura que estos grupos están perfectamente organizados y jerarquizados. «A partir de diciembre de 2013, con la huida de personas latinas a sus países de origen, creció la afluencia de embaladores ilegales. Para ellos es un negocio redondo ya que no pagan tasas», dice Arturo.

Safe Bag cobra siete euros por cada maleta que embala, mientras que los africanos o del este de Europa lo hacen por cinco euros. Este infiltrado ha llegado a ver cómo los embaladores ilegales demandan dinero según el perfil de pasajero que tengan enfrente.

Para enmascarar su trama, esta mafia se sirve de unas básculas que AENA concedió a Iberia pero que no se utilizan. Hasta allí llevan a los turistas que quieren pesar sus equipajes. En el transcurso de esta maniobra les ofrecen el servicio de embalaje. «Les engañan por completo, se hacen pasar por una empresa autónoma del aeropuerto».

Arturo cree que este problema se solucionaría si únicamente se pudieran facturar maletas plastificadas por las máquinas oficiales del aeropuerto. Así se solventaría otro de los grandes contratiempos que acompañan las envolturas ilícitas: los pasajeros que llegan a su destino y ven que sus pertenencias han sido abiertas no pueden reclamar, ya que los ilegales no dan resguardo alguno.

«Están todos los días del año trabajando una media de 10 horas diarias. Siempre son los mismos. Calculo que cada uno de ellos gana entre 2.000 y 3.000 euros al mes, mientras que los trabajadores legales no llegan a los 1.000 euros. Y lo que es peor, encima les vacilan. Pasan delante ellos y les enseñan la cartera diciendo: ‘Mira chaval, he ganado más que tú’», relata Arturo, que ha sufrido las amenazas en sus propias carnes.

«Me han escupido, me han llamado hijo de puta blanco, me han dicho que ya se encargarían de que me despidieran… tienen pleno dominio y hacen lo que les da la gana», evoca, poniendo en tela de juicio la actitud de la Policía. «Dicen que no actúan porque no saben si ganan dinero con esta actividad… si les parece lo hacen por amor al arte».